Ninguna institución hace pública la declaración de bienes de sus cargos

Ni el Ayuntamiento de León, ni la Diputación Provincial, ni la Junta de Castilla y León facilitan las declaraciones de bienes que todos sus cargos están obligados a realizar a principio de legislatura, un registro que pretende añadir transparencia al funcionamiento de la Administración, pero que, en la práctica, se ha acabado convirtiendo en una garantía para los cargos «que consideren amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional», según recoge la Ley de Bases de Régimen Local. Las tres administraciones citadas plantean el mismo argumento para negar el acceso a estos datos. La secretaría del Ayuntamiento apela a que se trata de «información personal» de los ediles y que son ellos, a título personal, los que deben hacer pública su situación patrimonial. Por su parte, la secretaría de la Diputación y la Inspección General de Servicios de la Junta, de quienes depende la organización y el funcionamiento del Registro de Intereses de Altos Cargos, también apelan a que el acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas. Lo más a lo que accede un ciudadano es al Registro de Causas de Posible Incompatibilidad -un trámite inservible, puesto que el antagonismo entre dos cargos es siempre notorio- y al registro de actividades, en el que los políticos informan de todo aquello que les pueda proporcionar ingresos económicos, como los consorcios y patronatos de los que forman parte. El político leonés mejor pagado es Zapatero. Le siguen Isabel Carrasco, José Antonio Alonso, los otros nueve parlamentarios y Antonio Silván Juan Morano, con cinco legislaturas como diputado en el Congreso, y Amparo Valcarce, con tres, ya tienen garantizada la pensión máxima (33.383 euros) Un diputado nuevo como Diego Moreno cobra, además de un sueldo bruto de 3.126 euros, un complemento de 1.822 euros por residir fuera de Madrid