Políticos a precio de mercado

En menos de un año se han renovado la mayor parte de las instituciones públicas. Hace unos meses fueron ayuntamientos, diputaciones, gobiernos y parlamentos autonómicos y ahora le toca el turno a las Cortes Generales y al Gobierno de España. El triunfo electoral se traduce en escaños y los escaños en un sueldo y unas condiciones que pocas veces suelen centrar el debate político, probablemente porque los protagonistas son conscientes de que sus sueldos están muy por encima de los que cobran los ciudadanos a los que representan. Sus señorías iniciarán en los próximos días la actividad en el Congreso y en el Senado. Las asignaciones económicas que recibirán por su dedicación están contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para el 2008 e incluyen un sueldo de 43.771 euros brutos al año más las compensaciones derivadas del cargo, como indemnizaciones para los que viven fuera de Madrid, teléfono móvil y ordenador portátil, dietas, viajes gratis en cualquier medio de transporte público y prestaciones como pensiones máximas o cotizaciones hasta completar la edad de jubilación a cargo del Estado. Sueldo e indemnizaciones De partida, los cinco diputados leoneses y los cinco senadores -cuatro electos más el que corresponde por designación- tienen derecho a una asignación constitucional de 3.126,52 euros brutos al mes por 14 pagas, a las que se añaden una serie de indemnizaciones y ayudas para cubrir gastos que se consideran indispensables para el cumplimiento de su función. En el caso de José Antonio Alon- so, diputado por León y ex ministro de Interior y de Defensa en la anterior legislatura, la portavocía del grupo parlamentario socialista en el Congreso añade a su nómina de diputado 1.978,62 euros mensuales más por gastos de representación y otros 736,05 euros para compensar la libre disposición. Alonso y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría -sus sueldos son idénticos-, tienen salarios moderados en relación al resto de altos cargos de la Cámara Baja, teniendo en cuenta que José Bono cobrará como presidente del Congreso casi 130.000 euros brutos al año. Además de las percepciones individuales correspondientes a la asignación constitucional, los diputados y senadores de circunscripciones distintas a Madrid tienen derecho a cobrar una indemnización de 1.823 euros para afrontar los gastos de alojamiento y manutención en la capital. Esta cantidad está exenta de tributación puesto que se destina a cubrir gastos. El Congreso y el Senado también cubren los gastos de transporte en un medio público, ya sea avión, tren, automóvil o barco. Se trata de un reembolso de gasto, por lo que no se entrega el dinero al parlamentario sino que el billete se abona directamente a la empresa transportista. Si su señoría decide viajar en su propio vehículo, el Estado le pagará 0,25 euros por kilómetro, previa justificación. Tarjeta-taxi de 250 euros Desde la última legislatura, las cámaras facilitan a los diputados que no disponen de vehículo oficial, que son la mayoría, una tarjeta personalizada que permite abonar el servicio de taxi en Madrid con una disponibilidad mensual de 250 euros. Eso siempre que su trabajo se desarrolle en Madrid, porque si hay que acudir a otro punto del país los parlamentarios cobrarán 120 euros diarios por dietas devengadas por desplazamiento en misión oficial. Si el viaje es al extranjero la dieta asciende a 150 euros. Dado que las convocatorias a las sesiones se efectúan por correo electrónico y mensajes SMS, el Congreso -no ocurre lo mismo en el Senado- facilita a los 350 diputados teléfonos móviles y ordenadores portátiles que al final de legislatura pueden comprar por un precio simbólico. Además de las retribuciones económicas, el escaño da derecho a otras muchas prestaciones reguladas a mitad de la legislatura pasada con el objetivo de equiparar a los parlamentarios españoles con los de otros países del entorno. Desde entonces se han articulado mecanismos para que en el supuesto de que un parlamentario no alcance el límite para percibir la pensión pública máxima (33.383 euros al año), las cámaras abonen la diferencia para que pueda cobrarla. A partir de entonces también quedó establecida una indemnización por cese, en función de los años de dedicación a las cámaras. En el caso de las pensiones, un diputado o senador que lleve entre siete y nueve años de mandato ve completadas hasta el 80% del tope máximo las aportaciones que hubiera tenido que hacer para que su pensión de jubilación fuese la más alta de las que hay en España. Por más de once años de mandato ya se cobra el cien por cien de la pensión parlamentaria, que abonarán las Cortes Generales con cargo a su presupuesto. En este último caso sólo se encuentran los parlamentarios leoneses Juan Morano Masa, diputado popular por León durante la IV, V, VI, VII, VIII y ahora IX legislaturas, y Amparo Valcarce, diputada socialista durante las tres últimas legislaturas y a punto de renovar la cuarta. De alta hasta tener jubilación Otro de los beneficios a los que pueden acogerse si han cumplido 55 años y se disuelven las cámaras es que las Cortes están obligadas a mantenerles en situación de alta en la Seguridad Social hasta que completen el periodo de cotización necesario para tener una pensión de jubilación. Las retribuciones de los altos cargos vinculados a León son por lo general moderadas. Partiendo de que cada uno ejerce funciones y responsabilidades muy distintas, en la cima del ránking de los políticos mejor pagados está el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que cobra 91.982,40 euros brutos al año. Su homólogo francés, Nicolás Sarcozy, cobra 240.000 euros. Por debajo de Zapatero se encuentra el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, que ganan 81.155 euros y 80.923 euros brutos al año, respectivamente. Los dos cobran menos que el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, que supera los 90.000 euros. Las retribuciones del presidente de la Junta vienen contempladas anualmente en los Prespuestos de Castilla y León, que equiparan el sueldo del presidente al de un ministro y el de los consejeros -todos por igual- al de un secretario de Estado. Los vicepresidentes tienen el mismo sueldo que un consejero (73.692 euros al año). Vivienda asignada El único privilegio o atadura que conlleva la presidencia de la Junta es que su titular puede tener como residencia oficial la que habilite la Consejería de Hacienda de entre el patrimonio de la comunidad. Los gastos corresponden a la Consejería de Presidencia. Además, los ex presidentes pueden participar al final de su etapa política, y voluntariamente, en la integración del Consejo Consultivo. En el caso del sueldo de la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, la cantidad viene heredada de anteriores gobiernos. Tiene sueldo de ministra y supera al que cobra, por ejemplo, José Antonio Alonso como portavoz parlamentario. Sin embargo, nada que ver con los excesivos casi 100.000 euros que cobra el presidente de Palencia. En relación a los alcaldes, el de León, Francisco Fernández, tiene un salario de unos 63.000 euros anuales, una cifra similiar a la de su vicealcalde, Javier Chamorro (62.000). El regidor de Ponferrada, Carlos López Riesco, y el de San Andrés del Rabanedo, Miguel Martínez, tienen sueldos asignados de 4.642 euros y 4.385 euros brutos al mes en 14 pagas, pero al ser elegidos diputado y senador han decidido ahorrar este dinero a las arcas municipales y cobrar su sueldo con cargo al presupuesto de las Cortes Generales.