Diario de León

El Gobierno iniciará su andadura aprobando el viernes la rebaja tributaria de 400 euros

Solbes hará frente a la crisis con un plan urgente de 10.000 millones

El nuevo ejecutivo pretende inyectar dinero que beneficie a empresas, familias y desempleados

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colpisa | washington

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El Gobierno aprobará el viernes una inyección de 10.000 millones de euros para paliar los efectos de la desaceleración económica en España, según anunció este domingo el vicepresidente segundo y titular de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. El dinero beneficiará a los ciudadanos, a las empresas, a las familias y a los desempleados. Las declaraciones tuvieron lugar tras la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). Solbes aprovechó la ocasión para reiterar su malestar por las previsiones del organismo sobre el crecimiento de la economía española, situadas por debajo del 2% tanto para 2008 como para 2009. A su juicio, son demasiado pesimistas. El paquete -que recibirá el visto bueno del primer Consejo de Ministros ordinario del nuevo Gobierno- recogerá la rebaja tributaria de 400 euros para los contribuyentes, que se hará efectiva en la nómina de julio. La puesta en marcha de esta medida fue una de las anunciadas por el presidente Rodríguez Zapatero durante el debate de investidura y tendrá un coste de 6.000 millones de euros. Otras iniciativas que verán la luz el día 18 estarán destinadas a mejorar la liquidez de las empresas, así habrá 4.000 millones para facilitar la financiación de las pequeñas y medianas compañías. Igualmente, el Consejo sacará adelante iniciativas encaminadas a facilitar el pago de la compra de una vivienda pública. Los desempleados también se verán beneficiados. El Consejo aprobará el plan de rápida recolocación para los últimos parados, anunciado a primeros de febrero por el anterior ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Consiste en un programa de formación profesional; financiado por las cotizaciones de empleadores y empleados, destinado a unos 500.000 desocupados; desarrollado por 1.500 orientadores profesionales; y con un coste superior a los 200 millones de euros. Las comunidades autónomas tendrán su participación, puesto que las políticas activas, entre las que figura el reciclaje profesional, están transferidas.

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