El fiscal del Yak-42 pide que se reabra la investigación sobre los errores al identificar los cadáveres

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y las familias de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 solicitaron este martes a la Sección tercera de la Sala de lo Penal la reapertura de la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de identificación de los cadáveres. El fiscal del caso, Fernando Burgos, considera que hay «suficientes indicios de criminalidad» y acusa al general Vicente Navarro, jefe del equipo médico enviado a Turquía por el ex ministro Federico Trillo, y a dos patólogos de falsear a sabiendas la identidad de 30 cadáveres, que luego fueron entregados a familias erróneas y enterrados o incinerados donde no debían. El representante del Ministerio Público acusó a Navarro de «falsificar» los certificados de defunción por «rellenar los espacios de los no identificados arbitrariamente y sin ningún tipo de prueba», para filiar a los restos de 30 soldados que los forenses turcos no habían sido capaces de identificar. Esos documentos, firmados en la base de Torrejón tras el funeral de Estado que presidieron los Reyes, sirvieron para legalizar las muertes ante los registros civiles e hicieron posibles las inhumaciones. Navarro actuó, según el fiscal, «de manera caprichosa y sin ningún tipo de prueba». En la actuación del equipo médico aprecia «dolo falsario». «Lo saben y lo hacen», concluyó ante los magistrados de la Sala. El fiscal Fernando Burgos solicitó por ello la reapertura del sumario, que fue archivado el 11 de enero por decisión del juez instructor, Fernando Grande-Marlaska. En su exposición, el representante de la acusación pública exoneró de todo lo ocurrido al general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán Doña, a quien Federico Trillo había ordenado coordinar las labores de repatriación de los cuerpos y la recuperación de los efectos propiedad de los 62 militares fallecidos. Los abogados de las familias pidieron la imputación de Beltrán, porque fue quien firmó el acta de entrega a España de los 62 cuerpos por las autoridades turcas, que le advirtieron de que 30 de los cuerpos estaban sin identificar.