El gran pacto catalán en defensa de la vivienda pública

Pocos documentos han suscitado un acuerdo tan unánime como el Pacto nacional por la vivienda 2007-2016 , firmado tras un «amplio proceso de concertación y diálogo social» por 33 organizaciones catalanas, desde las administraciones a los sindicatos, patronal y resto de los agentes sociales. Un pacto que incluye en uno de sus apartados un Indicador de referencia de costes de la edificación de vivienda protegida , que analiza la relación entre el coste de construir pisos públicos y su precio de venta en tres escenarios posibles: uno bajo, con las promociones más baratas, otro medio entre todas las promociones y uno alto, con las promociones más caras. Salvo en los municipios en los que se permite vender los pisos protegidos a un precio más elevado, la construcción daría pérdidas a las empresas en la mayor parte de los casos. Una situación que evidencia la necesidad de ajustar los precios a los costes si realmente se quiere potenciar estas construcciones.