El Gobierno aprueba por vía de urgencia una «conducción» hídrica desde Tarragona por la AP-7
De la Vega justifica el trasvase en el grave problema de agua de Barcelona
La vicepresidenta asegura que son las mismas soluciones empleadas en Valencia y Benidorm
El Gobierno aprobó este viernes un decreto-ley para regular el abastecimiento de agua a Barcelona a partir de otoño si persiste la sequía. El paquete de medidas incluye la construcción de una «conducción» hídrica desde Tarragona hasta Abrera (Barcelona) de 62 kilómetros de distancia y 180 millones de coste. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que la infraestructura no tendrá un impacto ambiental «significativo», ya que aprovechará el actual trazado de la autopista AP-7, y afirmó que en todo caso trata de atender a una «solución urgente» ante posibles desabastecimientos. La «conducción» de agua -como repitió la vicepresidenta para obviar la palabra trasvase- comenzará a construirse de forma inmediata. El objetivo es que la cañería vaya soterrada junto a la autopista y que en octubre esté disponible en caso de que las reservas que suministran el área metropolitana de Barcelona sigan bajo mínimos (en la actualidad los embalses de Cataluña están al 21% de su capacidad, con unos 149 hm3). La previsión es que el conducto lleve unos 50 hm3 de agua para paliar una posible carestía que afectaría a un núcleo de más de cinco millones de habitantes. La vicepresidenta De la Vega señaló que esta obra se llevará adelante «sin que haya que extraer una gota más del río Ebro». Para ello, se usará el mismo canal que ya iba destinado a los regantes de Tarragona, por lo que «el caudal sigue exactamente como estaba», afirmó. Desaladora La necesidad de construir ahora una gran cañería soterrada de 62 kilómetros atiende a que la desaladora de El Prat no estará terminada hasta la primavera de 2009. La intención es que la infraestructura desale 60 hm3 de agua al año -el 20% de los que se suministra en Barcelona- y el coste rondará los 158 millones, 22 menos de lo que supondrá ahora la «conducción» de Tarragona a Abrera. Para acallar las críticas y las amenazas de los presidentes de Valencia y Murcia, que el jueves pidieron recuperar el derogado trasvase del Ebro y advirtieron que en caso contrario presentarían un recurso al Constitucional, De la Vega justificó que este decreto-ley sigue las mismas soluciones adoptadas con anterioridad en Valencia y Benidorm para paliar los efectos de la sequía en el consumo doméstico. Esto es, que en caso de emergencia ciudadana se puedan usar los recursos hídricos destinos a los regantes. El presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, José María Barreda, manifestó este viernes que «no deja de ser chocante» que Murcia y Valencia vayan a recurrir al Constitucional por hacer una transferencia para que en Barcelona puedan beber «y, sin embargo, cuando nosotros recurrimos un trasvase de agua para regar y para otros usos que no nos dejan ni si quiera controlar, se llevan las manos a la cabeza». Barrerá añadió que «son dos varas de medir completamente distintas y no tiene sentido, ya que con esta mentalidad será muy difícil llegar al gran acuerdo nacional, que desde mi punto de vista, es necesario», sentenció. CIU, por su parte, puso el grito en el cielo y criticó la «mala gestión» del Gobierno y la Generalitat sobre el déficit hídrico en Barcelona. «Se ha hecho mal, tarde, con muchas contradicciones e improvisación», afirmó su portavoz en el Congreso, Durán i Lleida. El político lamentó que la infraestructura no se hubiera cometido en 2002, ya que entonces «se hubiera financiado con fondos europeos mientras que ahora se costeará a cargo de la inversión prevista en Cataluña a través del Estatuto» de autonomía, afirmó. «Se ha hecho mal, tarde, con muchas contradicciones e improvisación» JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA Portavoz de CiU en el Congreso