Los dirigentes de Gestoras renuncian a defenderse ante la Audiencia Nacional

Los 27 dirigentes de Gestoras Pro-amnistía y Askatasuna, presunta red de apoyo a los presos de ETA, juzgados desde ayer en la Audiencia Nacional por su presunta pertenencia a esa banda terrorista, renunciaron ayer a defenderse ante el tribunal, con el argumento de que el que les juzga es un órgano judicial de «excepción», que la vista es «una farsa» y «un montaje político» y, sobre todo, porque están convencidos de que la sala «ya tiene escrita la sentencia» condenatoria. La renuncia a defenderse, reiterada uno a uno por el resto de procesados, obligó a sus abogados a adelantar al tribunal que prescindirán del interrogatorio de 200 de los 218 testigos que tienen citados y renunciarán a practicar otras pruebas y a realizar informes finales. La renuncia dejará vacías más de una docena de las sesiones de juicio programadas por el tribunal y la duración del proceso, que tenía fijada como última fecha el 23 de julio, se reducirá en bastante más de un mes. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, dejó claro que el proceso penal español sólo obliga a que un acusado tenga garantizada su defensa, algo que se logra con la presencia del letrado en el proceso, pero que luego la forma en que abogado y cliente quieran ejercerla es cosa suya. En otras palabras, que la medida de los procesados no invalidará ni paralizará el proceso. El juicio contra Gestoras y Askatasuna, el tercero que se realiza contra las organizaciones del entorno de ETA, comenzó conforme al programa y sin incidente alguno poco después de las diez de la mañana, en el pabellón de alta seguridad de la madrileña Casa de Campo, en la misma sala en la que se enjuiciaron el caso Ekin y el 11-M, entre otros. Los 27 acusados se enfrentan a sendas penas de 10 años de cárcel por pertenencia a la estructura de ETA. La magistrada Palacios, que dio total libertad a los acusados en sus declaraciones y no les interrumpió en ocasión alguna, aclaró al final de la sesión que la Audiencia Nacional no juzga ideologías sino «actitudes presuntamente delictivas» y añadió que quien piense que los magistrados ya tienen acordada la sentencia es porque «desconoce lo que es un tribunal». Proclama Juan María Olano, el máximo dirigente de la organización ilícita y el primero en ser interrogado ayer, aseguró que el tribunal está «a miles de kilómetros de la imparcialidad» y que «la instrucción se ha realizado de forma política», por lo que indicó que «aquí no espero ninguna justicia». «Este tribunal me va a condenar, pero juzgarme no me va a juzgar», concluyó. Olano, como luego harían el resto de los ocupantes del banquillo, se negó a contestar al fiscal y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT, que ejerce la acusación popular) y, a preguntas de su abogada, mostró su orgullo por militar en Gestoras, de la que dijo que trabaja desde hace 30 años para denunciar «las torturas y la represión que el Estado utiliza contra Euskal Herria, y para defender los derechos humanos de los presos políticos vascos». Éste es el nombre que dio a los etarras, a los que los imputados también describieron como «luchadores» o «militantes vascos». Olano describió el País Vasco y Navarra como un territorio «ocupado» por la policía española que, en nombre del Estado, «ha venido a hacer la guerra y a negar la voluntad de Euskal Herria». Consideró que el objetivo de todo este marco «represivo» es «imponer violentamente a los vascos los deseos de los Estados español y francés, para impedir su derecho a la autodeterminación». El colofón de su discurso fue que la única forma de «superar el conflicto» es la negociación con ETA. Todos los procesados insistieron en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido al final del alto el fuego de ETA con una espiral de «represión» en el País Vasco, pero tres de ellos fueron más concretos. Maite Díaz de Heredia, responsable de Gestoras en Álava, señaló que el Ejecutivo «ha desperdiciado el reciente proceso, una oportunidad que hubiese podido llevarnos a superar el conflicto en términos violentos». Joseba Gotzon Amaro, en referencia también a la ruptura de la tregua, señaló que «el Estado español apuesta por una guerra». Josu Mirena Beaumont, responsable de la organización en Navarra, fue igual de concluyente.