Polémica en Madrid al haber curas en los comités éticos de hospitales

El consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, negó ayer que nadie ajeno a la asistencia sanitaria pueda tomar decisiones clínicas, sobre todo referido a cuidados paliativos, después de que diferentes portavoces políticos y sociales criticaran un convenio de la Comunidad con el Arzobispado. Güemes ha asegurado que ni los miembros de la iglesia católica ni de otras confesiones religiosas, ni «nadie ajeno a la asistencia sanitaria», puede tomar decisiones clínicas en ningún hospital, «y mucho menos» en lo que se refiere a cuidados paliativos. El consejero desmintió «rotundamente» una información de la Cadena Ser que denunciaba la existencia de un convenio entre la Comunidad y la Provincia Eclesiástica que permitía la presencia de sacerdotes en los comités de ética de hospitales públicos e, incluso, les autorizaba a opinar si alguien debía o no recibir cuidados paliativos. Este convenio, según explicó Güemes, «no es nada nuevo» y se remonta a un acuerdo del año 97 «que se ha vuelto a suscribir prácticamente en su literalidad diez años después», y que «no hace sino recordar lo que es la costumbre y los acuerdos firmados por el gobierno socialista en el año 85». Fuentes del Arzobispado de Madrid corroboraron estos datos y aseguraron que el convenio firmado el 2 de enero del 2008 «recoge lo mismo que otro anterior de 1997 y, éste, a su vez, otro que se firmó en 1985 a nivel nacional en la época de Felipe González». Antes de que el consejero respondiera a estas críticas, diferentes portavoces de organizaciones políticas y sociales hicieron públicas sus reacciones a esta información. Así, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, consideró que «esta vez Esperanza Aguirre y su Gobierno se han pasado de la raya» y criticó que la presidenta regional, «aprovechando el ruido de sables que estos días ensordece a su partido», ha firmado un convenio «para que sean los sacerdotes quienes decidan en los hospitales a quién, cuándo y cómo se suministra un cuidado paliativo». También el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, afirmó que los impulsores de un supuesto convenio que en la Comunidad de Madrid permitiría a los curas tratar a enfermos terminales son «mentes podridas que desde el dogmatismo intentan prácticas confesionales». UGT-Madrid considera que «es intolerable en un estado aconfesional la vigilancia inquisitorial que pretende establecer el gobierno regional sobre las actuaciones sanitarias». Tanto la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, como el secretario general del PSM, Tomás Gómez, pidieron que la presidenta Esperanza Aguirre diera explicaciones sobre el asunto.