El PP acepta variar la Constitución si se cierra el modelo autonómico

Nadie se opone a modificar la Constitución, pero el Gobierno tendrá que esmerarse si quiere que la propuesta de Rodríguez Zapatero vea la luz. El Partido Popular avisó ayer de que su disposición a pactar asuntos de Estado con el Ejecutivo no implica un «borrón y cuenta nueva». Su premisa para la reforma constitucional sigue siendo la misma: la apoyará siempre que sirva para cerrar definitivamente el modelo autonómico y poner techo a las competencias de las comunidades. Las fuerzas nacionalistas e independentistas ponen la condición contraria. Si se abre el melón esperan poder discutir sobre el modelo territorial. La tarea del Ejecutivo es buscar ahora el «mínimo común» entre todas los grupos. En realidad, las posturas entre PSOE y PP no están tan alejadas, aunque fuentes gubernamentales se muestran escépticas ante la posibilidad de llegar a un entendimiento. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó ayer ante la comisión constitucional del Congreso que su idea es poder llevar a cabo en esta legislatura la misma reforma limitada que ya propuso Zapatero en su primer mandato. Una reforma que acabó guardada en un cajón y que tenía cuatro objetivos concretos: convertir el Senado en verdadera cámara territorial, eliminar la primacía del varón en la sucesión a la Corona, incorporar el «proceso de integración europea» e introducir en la norma fundamental los nombres de todas las comunidades y ciudades autónomas. Esta inclusión de los nombres de las comunidades cerraría el mapa autonómico y complicaría casi definitivamente las aspiraciones leonesistas de abandonar Castilla. El portavoz popular en la citada comisión, Federico Trillo, aseguró que su partido dará al Gobierno su «respaldo absoluto» si opta por seguir el dictamen emitido en la pasada legislatura por el Consejo de Estado. El órgano asesor del Ejecutivo, al que Zapatero solicitó un informe sobre la reforma, vino a dar la razón al principal partido de la oposición al sugerir que, a fin de acabar con la premeditada indefinición de la Carta Magna -que dejó abierto el modelo autonómico para que a principios de los 80 pudieran aprobarse los distintos estatutos de autonomía- convendría delimitar las competencias del Estado y de las comunidades en el propio texto constitucional. Zapatero siempre ha evitado comprometerse con las sugerencias del Consejo. De hecho, una vez tuvo el informe en sus manos, en plena polémica por el Estatut, lo abandonó, según la vicepresidenta, porque ya estaba claro que no habría posibilidad de acuerdo con los populares. La cuestión es más compleja. Los portavoces de ERC, del PNV, y de CiU, lo pusieron de manifiesto. Todos advirtieron de que si se abre el debate constitucional habría que ir «más allá» de lo que dice el Gobierno. No entra precisamente en los planes de Zapatero meterse en un jardín tan delicado. Y menos después del desgaste que le supuso en la legislatura anterior la discusión estatutaria. La vicepresidenta trató de templar gaitas con la promesa de que «todo se puede discutir» pero dejó claro que «pasaron los tiempos de la reivindicación, pasaron los tiempos de la confrontación». «La reforma es necesaria, justificada y demandada por una nueva realidad política y social» M. TERESA FDEZ. DE LA VEGA Vicepresidenta del Gobierno