Los cuidados familiares sólo se pagan en el 3,7% de las ayudas por dependencia

La personas que cuidan a sus familiares dependientes, en su mayoría mujeres de mediana edad, se han quedado a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia en León. De hecho, según un informe hecho público por el Imserso, no existen todavía altas de cuidadores no profesionales en la Seguridad Social en la provincia. Pero la Junta ignora este dato y asegura que ha reconocido prestaciones para cuidadores familiares en un 3,7% de las resoluciones efectuadas hasta abril. Una cifra mínima frente a un 73,5 por ciento de prestaciones a favor de personas que en su mayoría están ya en residencias sufragadas con fondos públicos. El 22,8 por ciento restante recibe ayudas económicas para pagar residencias privadas o servicios de ayuda a domicilio. Más allá de las cifras están las situaciones, penosas, que viven muchas familias sin que la ley haya venido a aliviarlas después de un año largo desde que entrara en vigor. Y hay casos muy graves. Uno de ellos es el de Amanda, nombre ficticio de una mujer de 47 años que cuida a su madre desde hace nueve años en un pueblo del Bierzo Alto. «Presenté la solicitud en junio, vinieron a ver a mi madre y todavía no he recibido contestación», asegura. Su madre permanece en cama a consecuencia de un coma diabético. Amanda dedica toda la mañana a los cuidados que precisa su madre. De esta forma ha logrado que no sufra escaras, las típicas y peligrosas heridas que sufren las personas encamadas durante largo tiempo. La mujer recibe una ayuda de la Diputación para pagar a una cuidadora, pero tiene que ser alguien ajeno a la familia. Una vecina se ocupa de ella las cuatro horas de ayuda a domicilio que permiten a Amanda desde hace un año tener las tardes libres para ir a gimnasia, hacer la compra y entretenerse con las manualidades. Pero no ha podido regresar al trabajo por tan poco tiempo. Estaba en el paro cuando su madre cayó gravemente enferma. «La ayuda está bien -admite- pero pagan cuando quieren. En febrero recibimos los cuatro últimos meses del año 2007 y desde entonces no han vuelto a pagar nada. Tengo suerte de que es una vecina y espera, pero yo tengo que adelantar los 120 euros de la Seguridad Social y mi madre tiene una pensión de 500 euros», explica. «Aquí seguimos, esperando», dice con resignación. El procurador socialista Fernando Rodero subraya que casos como el de Amanda o muy similares hay hasta 8.295 en Castilla y León, de ellos más de un millar estarían en la provincia leonesa. El grupo socialista exige a la Junta que antes del 15 de junio cubra las necesidades de las personas con gran dependencia atendidas por familiares en sus domicilios y que, según los plazos marcados por la ley, deberían de haber sido atendidas a lo largo del 2007: aquellas personas reconocidas con una dependencia de grado III niveles 1 y 2. Además, durante el 2008 y 2009 tienen que ser atendidas las de grado II y nivel 2. La gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos, achaca la escasez de prestaciones para cuidadores familiares a «los problemas que nos está poniendo la Seguridad Social para dar de alta a estas personas, ya que no existe esta categoría profesional y se le obliga al beneficiario a convertirse en empresa para dar de alta al cuidador». Otras de las causas de que no haya cuidadores familiares dados de alta en la Seguridad Social en Castilla y León es, según la gerente, que «muchos tienen más de 65 años, otros están en paro y otros trabajan». También reprocha al Gobierno central que no haya regulado la formación para valorar la cualificación de las familias que tienen a su cargo a personas con dependencia. Milagros Marcos asegura que la marcha de la aplicación de la ley en Castilla y León es «razonable» porque «el 95% de las de personas que tienen derecho a la prestación en el primer año ya la tienen concedida o su petición está en fases muy avanzadas». La realidad, según los propios datos de la Junta, es que hay aprobadas 2.783 prestaciones de las 8.560 que corresponden al grado III, la gran dependencia, y no todas son aún efectivas. De las ayudas aprobadas un total de 2.042 son para personas que están en centros residenciales (72,5%), 637 son prestaciones económicas vinculadas a la adquisición del servicio (22,9%) y 104 corresponden a ayudas a personas atendidas en el entorno familiar (3,7%). «Según la ley son los propios castellanos y leoneses los que eligen la prestación», precisa la administración autonómica. Según estas cifras, tan sólo el 32% por ciento de las solicitudes valoradas tienen reconocida una prestación y no en todos los casos se está cobrando. Hasta ahora, la Junta no facilita datos desagregados por provincias referentes a las prestaciones aprobadas por el sistema de atención a la dependencia de Castilla y León. En cualquier caso, León, con 6.346 solicitudes, es la provincia que cuenta con un mayor número de peticiones de valoración de personas que quieren acogerse a la ley de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal, que lleva casi año y medio de rodaje. Más de la mitad de las solicitudes para acogerse a la Ley de la Dependencia son de mujeres de más de 81 años y el 30% son mujeres entre 61 y 80 años. Castilla y León es la quinta comunidad con más recursos económicos transferidos por el Estado para el desarrollo de la Ley de la Dependencia. Durante el 2007, el gobierno autonómico recibió 17 millones de euros para la puesta en marcha de la ley, algo menos de la mitad de los destinados a Andalucía (36 millones), que es seguida por Cataluña (32 millones), Madrid (23 millones) y Comunidad Valenciana (21 millones), según datos del Imserso. «El procedimiento de la ley de la dependencia es terrible porque exige mucha burocracia y se aleja mucho de las necesidades de la gente» MILAGROS MARCOS, gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León