La Junta cierra mataderos en León, pero deja abiertos otros similares en Castilla

El fiel de la subjetividad mantiene el tranque sobre los dos mataderos principales de la provincia, pero evita el candado al negocio del resto de infraestructuras de la comunidad que se encuentran «en la misma situación», según denunciaron ayer sindicatos agrarios y empresarios cárnicos, que no entienden que la paja leonesa sea viga a ojos de la Junta, mientras que el grano castellano continúa con la suma en el zurrón. En un lado se busca solución para dar salida a las 1.500 cabezas que tienen asignado en León matarile esta semana -después de una buena temporada de pienso a precio de oro- y al otro se traza la línea ascendente de la cuenta de resultados de Castilla, en la que se añade lo que no se podrá matar aquí debido al «cese de la actividad» decretado por la administración autonómica. Destino: Astorga, cuya capacidad es limitada, o la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco. La diferencia se desenvuelve en las declaraciones de la Cámara Agraria Provincial de León, que «lamenta la decisión de la Junta» y subraya que «no comparte los criterios técnicos alegados para los cierres, que son subjetivos de los inspectores actuantes y no influyen en la calidad de la carne, al margen de que existe la necesidad de realizar mejoras técnicas». «Ambos mataderos están en la misma situación que los demás existentes en la comunidad autónoma», denuncia la agrupación. El grito es más grave en las bocas de los ganaderos, entradores y empresarios cárnicos, que no entienden que «por el hecho de que se pueda resbalar una res haya que cerrar una cadena que sujeta en su transcurso a miles de familias de la provincia». «Las deficiencias son estructurales, de bienestar animal, no de salubridad pública para los ciudadanos», coinciden la Junta y el Ayuntamiento, que distan en el resto de razonamientos para explicar que la instalación de la capital esté parada por «deficiencias de mantenimiento» «Obras de grifería, de fontanería, de suelos... Obras que se deberían haber realizado de forma paulatina durante los últimos 20 años y que no se hicieron», señala la concejala de Consumo, María Rodríguez, quien señala como responsables a los gobiernos precedentes del PP y no entiende «por qué se cierra ahora». Europa con las rebajas La coincidencia temporal la liga el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, a las inspecciones que iniciará Bruselas en las próximas semanas, en las que los criterios de control serán de sanidad animal, no de salud pública. «Que no se escuden en las inspecciones de la UE, porque sólo marcan directrices y recomendaciones; en ningún caso tiene la autoridad de cerrar un matadero. La competencia es absolutamente de la Junta», ahonda la concejala socialista. En la Junta, discrepan. La derivación mutua de responsabilidades se cruza entre los escritos. La Junta recuerda que el 27 de diciembre del 2006 venció la autorización sanitaria de funcionamiento y se levantó acta de las deficiencias. El gobierno local, entonces con Amilivia al frente, reclamó una prórroga. No hay constancia de la respuesta, según el equipo rector actual de PSOE y UPL, que muestra además un documento en el que el 24 de octubre del pasado año reclamó a la administración autonómica una moratoria para acometer las obras. «Jamás se contestó ni por escrito, ni verbalmente, ni siquiera coloquialmente», critica el Ayuntamiento, mientras desde el gobierno autonómico se acusa al consistorio de no haber hecho un plan de reforma ni pedido permiso alguno. «Cuando nos presenten un plan de obras, como ha hecho Ponferrada, en el que resuelvan las deficiencias, no tendremos problemas en abrirlo», plantea la Junta al Ayuntamiento, que a su vez espera capital privado para poder sufragar estos trabajos. Mientras, el sacrificio queda en medio, en los ganaderos, entradores y productores.