Las comunidades del PP piden más dinero para desarrollar la Ley de Dependencia

«Si nos reunimos todos, Seguridad Social, comunidades autónomas y administración tributaria, podremos llegar a una aplicación plena de la Ley» CÉSAR ANTÓN, consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades Más dinero. Eso es lo que piden las comunidades autónomas gobernadas por el PP que ayer hicieron en León un frente político común para reclamar lo que consideran una insuficiente financiación y desarrollo normativo «incompleto», que provoca desigualdades en función del territorio donde residan las personas dependientes. A un año de la aplicación efectiva de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, los políticos piden un «pacto de Estado» que de respuesta a «las necesidades actuales ni de futuro». El primer Foro sobre Dependencia en las Comunidades Autónomas -abierto a todas las autonomías pero al que sólo asistieron siete gobernadas por el PP- que se celebró en el Hostal de San Marcos concluyó con la petición de la convocatoria «urgente e inmediata» del Consejo Territorial y trasladar al Consejo de Política Fiscal y Financiera las necesidades financieras del sistema de atención a la dependencia para dotar a las comunidades de fondos suficientes para el desarrollo de la Ley. «La financiación es insuficiente, escasa por parte de la Administración General del Estado, lo que obliga a las comunidades autónomas a realizar un sobreesfuerzo de procedimiento de aplicación de la Ley» El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, manejó sus datos. Dijo que una plaza residencial tiene un coste mensual de 2.500 euros, de los que el usuario se hace cargo de 500. Según el consejero de la Junta, el resto debería ser sufragado al 50% por el Estado y la Junta. Sin embargo, dijo, la aportación presupuestaria del Estado es de 306 euros, un 14% del total. «Tampoco hay mecanismos que aseguren que los Presupuestos Generales del Estado van a consignar una financiación específica para le Ley y eso hace que no se pueda aplicar plenamente la atención a los dependientes». Antón comunicó en rueda de prensa los resultados del encuentro. Comenzó diciendo que las comunidades asistentes -La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Canaria, Madrid y Castilla y León- representan al 40% de la población española. Admitió que, a un año de la aprobación de la Ley, la aplicación no se está haciendo con criterios de igualdad en todo el territorio español, «somos conscientes -dijo- de que el procedimiento que se sigue desde la presentación de la solicitud, la valoración, la resolución y la determinación de la capacidad económica para acceder a las prestaciones es largo, costoso y engorroso». Los consejeros echaron también la culpa del retraso de la aplicación de la Ley al sistema informático, «que no está dando respuestas al procedimiento que establece la Ley», dijo Antón. Como portavoz del resto de las comunidades, Antón acusó al Gobierno de Zapatero de «falta de sensibilidad» en el primer año de aplicación de la Ley frente a la «lealtad institucional» de colaboración, coordinación y diálogo» mostrada por las comunidades autónomas que se reunieron ayer «ante una ley que es necesaria». Dijo que el nuevo Gobierno surgido tras las elecciones -mencionó concretamente a la ministra de Educación y Políticas Sociales, Mercedes Cabrera- «tiene un cambio de actitud, más tolerante, porque recibe a las comunidades escucha sus propuestas. Entendemos que se abre una nueva etapa de colaboración». Alta en la Seguridad Social Antón volvió señalar a la Seguridad Social por los problemas surgidos para que los cuidadores puedan darse de alta y recibir las prestaciones que les corresponden. «La semana pasada le pedí una reunión al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, porque hay situaciones que arreglar entre las dos administraciones. Una de las propuestas es establecer mecanismos de valoración, porque es una ley de todos, desde las comunidades, la Seguridad Social y la administración tributaria». Negó que otras comunidades tengan más avanzado el desarrollo de la Ley y pidió un «sistema transparente de información», decidido por el Consejo Territorial, «con los mismos datos, las mismas estructuras y los mismos criterios». Personas que tienen reconocida su situación de dependencia en León Según la Junta, 1.784 tienen derecho a prestaciones como grandes dependientes