Aumento de población contra dispersión y envejecimiento

En el fondo del debate del nuevo modelo de financiación está por un lado el deseo de autonomías como Cataluña (plasmado en su polémico estatuto) de gestionar una mayor parte del dinero que generan y por otra la postura de las comunidades que defienden la necesidad de repartir los fondos comunes de manera que sobre todos los derechos prime el de los ciudadanos de recibir el mismo tipo de servicios públicos, independientemente del lugar en el que vivan. Postura que defiende Castilla y León. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha reiterado en los últimos meses su defensa de un modelo «que tenga criterios aplicables a todos los españoles, y no sea a la carta». Critica la propuesta catalana y la definición de Solbes de «comunidades menos dinámicas»: «No somos menos dinámicas, sino que tenemos otros criterios de asentamiento de población y con problemas distintos». Problemas como los que genera la dispersión de la población, que incrementa el coste de los servicios (hacen falta más transportes, más centros sanitarios,...) pero los ciudadanos aportan lo mismo que en otras zonas. Castilla y León quiere incluir también el criterio del envejecimiento, uno de los que más le afectan. Y no gasta lo mismo en sanidad o dependencia un anciano que un joven. Castilla y León exige que antes de fijar la nueva financiación se haga un estudio real del coste de prestar los mismos servicios en distintas zonas. Y rechaza como «torticero» el intento de relacionar las balanzas fiscales con la financiación autonómica. Por su parte el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha manifestado que los principios del modelo de financiación vienen recogidos en el Estatuto de Castilla y León: dispersión, envejecimiento, baja densidad y extensión territorial. «Y estos criterios pueden hacerse valer desde el punto de vista político o judicial, porque están contemplados en una ley orgánica».