Diario de León

En mayo ha comenzado la primera de las avalanchas de reclamaciones

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La nueva normativa sobre tarifas eléctricas nocturnas entró se publicó en el Boletín Oficial el pasado mes de noviembre, aunque como casi nadie lo lee tampoco los usuarios se dieron por enterados. Pasó desapercibida también para los periódicos hasta que a comienzos de mayo los consumidores empezaron a recibir cartas de las compañías eléctricas advirtiéndoles de la nueva subida para julio. Según la UCE de Castilla y León en unas pocas semanas sus servicios han atencido no menos de quinientas consultas y tramitado cerca de cuatrocientas reclamaciones propiamente dichas, esperándose que su número se multiplique de forma exponencial antes de que entre en vigor por vacaciones. Asturias y Aragón han ido por delante en el número de protestas canalizadas a través de esta asociación nacional de consumidores. «¿Cuántas demandas pueden haber sido presentadas en todo el país? Es difícil de calcular, entre otras organizaciones y los que las hayan presentado a título individual y por su cuenta». Después de una década captando clientes para la calefacción electrica a cambio de tarifas reducidas y una inversión no superior a la que suponen las instalaciones de gas natural o gasóleo, en todo caso próxima a 3.000 euros o medio millón de las desaparecidas pesetas, las empresas han sorprendido a los usuarios con un incremento de tarifas que rompe todos sus planes de economía doméstica. Según el portavoz de UCE de Castilla y León, José Picado, aproximadamente una cuarta parte de los hogares de la autonomía cuentan con este tipo de suministro energético para los duros inviernos de la meseta,, incentivados hasta ahora por su bajo coste, «aproximadamente 150 o 200 euros cada dos meses, dependiendo del tamaño del piso pero contando también con el recibo de la luz, así que era una energía muy asequible y comparativamente más barata que otras. Por eso se apuntó tanta gente, aunque ahora se ha acabado y están todos pillados». Las uniones de consumidores están pidiendo al Gobierno una marcha atrás urgente en la aplicación de las nuevas tarifas, pero nadie ha respondido hasta ahora.

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