El abandono de bajas laborales es lo más grave, aunque ha prescrito

El abandono de información relativa a la salud de las personas por parte de la UTE adjudicataria de las obras, como es el caso de los partes de baja, es la infracción más grave que se habría cometido respecto a la protección de datos, según explicó Antonio Álvarez Puig, abogado especializado en la protección de datos de carácter personal. «Se trata de información especialmente protegida con un nivel de seguridad alto y que podría ser sancionada con una multa de entre 300.000 y 600.000 euros», añadió el letrado. Esta posible infracción estaría argumentada en que es irregular el hecho de recabar y tratar los datos de ideología o afiliación sindical sin el consentimiento expreso y por escrito del afectado o recabar y tratar datos de salud, como un parte de baja, cuando no lo disponga una ley o el afectado no haya consentido expresamente. A pesar de que la titularidad del embalse de Villagatón, y en consecuencia de la oficina de explotación, sigue siendo la Junta de Castilla y León, el responsable último de no haber protegido esos datos es la empresa que los dejó abandonados en el edificio. No obstante, la posible infracción ya estaría prescrita, puesto que la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal contempla que la infracción de contravenir la cesión o el deber de guardar secreto respecto a una información relativa a la salud se extingue a los tres años. Los últimos documentos están fechados en 1993, por lo la prescripción ocurrió en 1996.