Las Cámaras de Comercio piden rebajas en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades
Las Cámaras de Comercio reconocieron este miércoles la gravedad del problema del encarecimiento de los carburantes y reclamaron a las distintas administraciones «acometer con urgencia medidas de apoyo». Partidaria de «agotar todas aquellas vías y cauces de negociación», la Comisión de Transporte Terrestre de las Cámaras rechazó la huelga convocada por los transportistas y abogó por rebajar la fiscalidad directa (IRPF y Sociedades) y por reorientar la política e inversiones. La organización no dejó pasar la oportunidad para denunciar el «abandono» que sufre el transporte de mercancías en el Plan Estatal de Infraestructuras del Transporte (PEIT) 2005-2020, que prevé para este segmento inversiones por valor de 62.785 millones de euros frente a los 108.760 millones destinados al ferrocarril. Las Cámaras reclamaron una liberalización más rápida y abierta del transporte de mercancías por ferrocarril, una actuación más coordinada de todas las administraciones implicadas y un especial endurecimiento en la vigilancia y las sanciones a los empresarios que trabajen bajo coste. Asimismo exigieron adecuar las tarifas en las actividades reguladas, de manera que recojan el repunte del precio del petróleo, y la flexibilización de las condiciones de contratación en el sector para adecuarlas a las especiales características del mismo. Revisar los módulos Mientras, con la agricultura, la pesca y el transporte en pie de guerra (éstos últimos tienen convocada una huelga general a partir del día 8), Zapatero se mostró conciliador aunque no desveló ni aclaró ninguna de las medidas que pueda ofrecer. Insistió en que la voluntad del Gobierno es «clara» ante lo que calificó de «una coyuntura difícil» que «ha afectado muy negativamente» a estas y otras actividades. Como única pista, el presidente apuntó que el Gobierno estudia la adecuación de los módulos del IRPF y del IVA. Algo que, recordó, «ya se hizo en la pasada legislatura». La última crisis por el precio de los carburantes se desató a finales de 2005. También insinuó la posibilidad de establecer medidas de carácter horizontal para asegurar la competencia en el mercado de productos petrolíferos y reducir la dependencia energética de España (el 80% de la energía llega de otros países).