Avisa sobre el incremento de la criminalidad y la tipificación en el Código Penal de nuevas conductas
El Defensor del Pueblo pide más medios para paliar la masificación de las cárceles
En su informe reclama más plazas escolares para niños de 0 a 3 años y más viviendas protegidas
El Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación por el importante incremento de la población reclusa -un 20 por ciento más en los últimos cuatro años- y ha pedido un refuerzo de los medios materiales y humanos para atender a los más de 67.000 presos que hay en la actualidad en España. En su informe correspondiente a 2007, la Institución hace especial hincapié en el caso de las mujeres, cuya población presa se ha incrementado un 27 por ciento en cuatro años, al pasar de 4.406 en enero de 2004 a 5.597 en diciembre de 2007. «Es evidente que el incremento de la criminalidad y la tipificación en el Código Penal de cada vez más conductas, plantean nuevos retos y determinadas dificultades a nuestro sistema penitenciario», agrega el informe. No obstante, valora el plan de nuevas infraestructuras 2006-2012, que prevé la puesta en marcha de una decena de nuevos centros penitenciarios de gran capacidad que aliviarán, en parte, la masificación de las prisiones españolas. Sí observa la Institución un importante déficit de personal en las cárceles, sobre todo especialistas, como psicólogos o monitores ocupacionales que compense «el acusado y preocupante incremento» de la población penitenciaria. Además, sobre educación ha recibido una mayor proporción de quejas que en años anteriores sobre la escasez de centros escolares para niños de entre 0 y 3 años y las «precarias» condiciones de algunos de ellos por la falta de plazas y de personal cualificado suficiente: «Además, al iniciarse la escolarización a una edad cada vez más temprana, se manifiestan más habitualmente problemas relacionados con la atención y asistencia extraeducativa, especialmente en aquellos centros que no disponen de personal especializado para atender a niños de tan corta edad». En el informe también denuncia la «insuficiencia grande y demostrada» de la vivienda de protección oficial (vpo) en España, e insta a la clase política a impulsar de «manera urgente y prioritaria» este tipo de edificación.