El Supremo confirma la absolución por prescripción del delito de estafa
Los Albertos no indemnizarán a los afectados por el caso Urbanor
Once magistrados se impusieron a siete y les evitan el pago de 24,5 millones de euros
El Tribunal Supremo acordó este martes liberar a los financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer de indemnizar a los perjudicados por el llamado caso Urbanor (la compraventa de los terrenos ocupados después por las torres KIO de Madrid), tras confirmar su absolución por el delito de estafa por el que fueron condenados en segunda instancia a tres años y cuatro meses de cárcel. Eso sí, la votación celebrada en el pleno jurisdiccional de la Sala de lo Penal de dicho órgano fue bastante reñida, pues siete magistrados se opusieron a eximir a los 'Albertos' de ese pago cuantioso (estimado en unos 24,5 millones de euros), mientras que once se mostraron favorables a la medida. En lo que sí hubo unanimidad es en dejar expedita la vía civil para que sea allí donde se solventen posibles reclamaciones cruzadas entre las partes. De esta forma, parece que queda apaciguado, al menos en lo formal y por el momento, el último conflicto abierto con el Tribunal Constitucional, órgano que anuló la condena de los Albertos el pasado 20 de febrero al aplicar una nueva doctrina sobre la prescripción de los delitos económicos. Eso sí, pese a renunciar a su jurisprudencia seguida desde hace años contraria al contenido de dicha sentencia, desde el Supremo se insiste en que la única instancia jurisdiccional que puede «interpretar la legalidad ordinaria» es dicho tribunal, por lo que dicha materia debe quedar vedada al TC que «no es ni una tercera instancia revisora ni tampoco una instancia casacional». Ajeno a este tira y afloja entre tribunales, los abogados de Javier de la Rosa pretenden que el Constitucional mantenga con el financiero catalán el mismo criterio que fijó con los Albertos -en realidad, lo aplicó por vez primera meses antes en un caso menor-. Aunque no le serviría para aligerar en mucho la abultada pena de cárcel (casi 20 años) que acumula por sus distintas condenas debido a las irregularidades que cometió como hombre fuerte en España del Grupo Torras-KIO, quieren que se aplique a su cliente la misma doctrina.