Revientan otra trama de corrupción urbanística en la Costa del Sol

La Policía reventó ayer en el municipio malagueño de Estepona una nueva trama de recalificaciones fraudulentas y cohechos urbanísticos. Los principales imputados son los responsables del ayuntamiento, gobernado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que hacían negocios con empresarios y asesores en Andalucía y en el País Vasco, a los que vendían terrenos a precios de saldo, concedían licencias ilegales de obras y a los que, en ocasiones, encomendaban el lavado de ese dinero sucio. Dos años y tres meses después de la operación Malaya, los mismos expertos policiales desencadenaron la operación Astapa, denominación fenicia de Estepona, en la que cayeron 25 personas, entre ellas el alcalde del municipio, el socialista Antonio Barrientos. Junto a él, fueron detenidos otros cuatro concejales, varios ex ediles de anteriores legislaturas, empleados de la corporación municipal, abogados, asesores financieros y empresarios andaluces y vascos. La redada, según fuentes de la investigación, «hunde sus raíces», en la operación Malaya. En octubre del 2006, tras cinco meses de investigaciones, los expertos en blanqueo de la Policía descubrieron que los tentáculos de la corrupción marbellí afectaban a un concejal de Estepona. La Agencia Tributaria siguió la pista y sólo unas semanas después confirmó que varios de los miembros de este consistorio y sus familias habían experimentado un desproporcionado aumento en sus rentas inmobiliarias en la última década, que en modo alguno se correspondía con sus ingresos. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), con apoyo de las Unidades Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona y la Fiscalía malagueña, abrieron entonces una investigación propia sobre la trama en Estepona. Dada la envergadura de las irregularidades y el número de implicados, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidió hace un mes entregar el caso a la Fiscalía Anticorrupción, que de inmediato dedicó al tema a dos de sus especialistas. Sobre la mesa había 1.578 expedientes abiertos por supuestas irregularidades urbanísticas por los que empezar las indagaciones. Los pinchazos telefónicos no tardaron en sacar a la luz que la base del «negocio» era la recalificación. También había concesiones ilegales de permisos de obra a cambio de comisiones millonarias. Dos «arrepentidos» que formaron parte de la trama confirmaron las sospechas de los expertos. Los investigadores esperan recopilar aún más pruebas para «asestar el golpe definitivo» a la red.