En todo el Estado son ya más de 8.000, a la espera de multiplicarse

Sólo en el mes de abril 8.166 trabajadores se sumaron a España a la cola de los que esperan cobrar de la Seguridad Social atrasos salariales e indemnizaciones por despido. La comunidad autónoma de Castilla y León no ha sido la peor parada, habida cuenta también de su escaso tejido industrial y de servicios, con sólo 758 trabajadores, una quinta parte de los cuales pertenecientes a la provincia de León. El grueso de las suspensiones empresariales se concentraron, por este orden, en Cataluña, Valencia, Andalucía, Madrid y el País Vasco, por lo demás de forma proporcional a su población. La evolución futura de este tipo de expedientes se supone al alza, aunque, a falta de estimaciones o previsiones oficiales, ni las empresas ni los sindicatos se atreven a ofrecer anticipos, limitándose a señalar que «va a subir». En lo único que todos coinciden es en la crisis del sector de construcción como el origen primero de todos los males, al que le siguen después todas las industrias auxiliares o derivadas y, de rebote, proveedores, compradores y las entidades financieras que corren con todos los gastos.