Los pagos del Fogasa se duplicaron en abril por la crisis de la construcción

Los pagos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a trabajadores que se han quedado en paro y a los que se adeudan salarios atrasados e indemnizaciones por despido se multiplicaron ampliamente por tres el pasado mes de abril, último del que da estadísticas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sólo en León se tramitaron expedientes de 34 empresas con 123 trabajores que reclamaban 342.000 euros -el equivalente a sesenta millones de las desaparecidas pesetas- dentro de una carrera de insolvencias patronales que no hace más que acelerarse. En la provincia de León y el año 2006, cuando empezaron a detectarse los primeros síntomas de estancamiento en la construcción los trabajadores que acabaron en el Fogasa fueron 542, que subieron a 639 un año más tarde. En el primer cuatrimestre del 2008 suman ya 247, de los que la mitad correspondieron a abril. Si proporcionalmente se hiciera una estimación de quiebras y salarios perdidos, multiplicando por los doce meses del año, estamos ante una crisis sin precedentes en muchas décadas o, peor aún, sólo en sus comienzos. Como en los noventa Según el representante de CC.OO. en la comisión provincial del Fogasa, José Mencía, habría que remontarse a los años ochenta y noventa, cuando se inició la crisis de la minería, para establecer comparaciones parecidas con la situación actual. La única diferencia es que ahora el sector castigado es otro, el de construcción, de momento casi en exclusiva «contando en él todas las empresas e industrias auxiliares que le sirven de apoyo, como almacenes, muebles, instalaciones eléctricas, agencias inmobiliarias, etcétera, además de las pequeñas subcontratas que, a su vez, se subcontratan, en forma de autónomos con una cuadrilla». Fuera de la construcción la crisis se está notando poco en el Fogasa, según Mencía, aunque su gravedad es más que suficiente y la solución del problema social que representa está aún por aflorar. Aproximadamente un tercio de las plantillas del sector son trabajadores inmigrantes, que están derivando en el mejor de los casos hacia subsidios de desempleo, pero que en otros tienen pendientes pagos salariales de hasta tres meses y más o han sido despedidos sin indemnización alguna. A menudo los contratistas son compatriotas suyos, sin ningún tipo de patrimonio con el que responder a través de una sociedad limitada que los contrata a cambio de salarios de destajo. Quién vaya a pagar ahora los atrasos y despidos es otra incógnita. Una sociedad limitada se puede constituír con un capital social de sólo tres mil euros, lo que da para poco, y resulta más caro, largo y problemático pleitear en los juzgados, así que la mayoría de los trabajadores acaban reclamando en el Fogasa, donde se les garantiza, como media, un 60% de los salarios adeudados. Según Mencía y aunque de acuerdo con la actual normativa las deudas salariales tengan prioridad, «los bancos son otra cosa y los únicos que en un impago embargan directamente el patrimonio del empresario, da igual que sea grande o pequeño, inmigrante o no. ¿Futuro?Esto va a seguir así, aunque esté mal decirlo». La crisis, para él, está en cierto modo saneando un sector que construía el doble de pisos de los que demandaba el mercado y a menudo al doble o triple de su valor, de modo que, pese todo el proceso no deja de ser un reajuste. Por ejemplo, en el conjunto de la provincia de León hay ya aproximadamente siete mil pisos vacios: el doble de la demanda de una año normal con tipos de interés bajos.