Los mandos alegan que al fletar el Yak no podían saber si era seguro

Tres de los mandos militares encargados de la contratación del Yak-42 reconocieron ayer ante el juez Fernando Grande Marlaska, que investiga la muerte de 62 militares en el accidente del avión en Turquía, que no tenían «competencia ni capacidad técnica» para controlar si los aparatos de transporte de tropas eran suficientemente seguros. Este martes declararon en la Audiencia Nacional los responsables del Estado Mayor Conjunto (Emacon) que en 2003, cuando ocurrió el accidente, gestionaban los vuelos subcontratados: el jefe de la División de Operaciones y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez Sáinz de Rozas; el coronel jefe de la Sección de Logística de este departamento, Joaquín Yáñez; y el comandante Alfonso Elías Lorenzo. Los tres insistieron en que la supervisión de la seguridad de las aeronaves corría a cargo de la agencia Namsa (de la Otan) y que ellos confiaban en la capacidad de los técnicos de la Alianza Atlántica. Los mandos militares explicaron durante más de tres horas de interrogatorios que el Emacon se limitaba a planificar las rutas y que ese departamento tenía un margen de maniobra muy limitado porque su presupuesto se había visto reducido debido a las misiones en Irak y Afganistán y al despliegue del Ejército en la crisis del buque Prestige. El coronel Yañez negó de manera reiterada que el Estado Mayor hubiera recibido antes del siniestro denuncias sobre la seguridad de los aviones que trasladaban las tropas. Dijo ante el juez que sólo habían tenido conocimientos de quejas sobre el catering o la falta de puntualidad. Según su versión, las denuncias sobre deficiencias graves en los aparatos sólo llegaron a la cúpula militar después de que el Yak se estrellara en el 2003. Ninguno de los imputados que declaró ayer supo explicar por qué las quejas sobre seguridad que se habían redactado antes del incidente jamás llegaron a las altas instancias del Ministerio de Defensa.