El PSOE acepta una ley de plazos para homologar el aborto a las normas de la UE

El PSOE apoyará, contra todo pronóstico, la despenalización del aborto y su regulación mediante una ley de plazos similar a las que ya existen en la mayoría de los países de la Unión Europea. La comisión del 37 Congreso encargada de discutir este asunto aprobó ayer una enmienda transaccional a la ponencia marco que aboga por una revisión completa de la legislación actual. Los socialistas no se atrevieron a dar este paso en su programa electoral, en el que prometieron que cualquier reforma sería producto de una profunda reflexión y del consenso político. La dirección del partido ha acabado cediendo a las reivindicaciones de sus bases, a pesar de que el principal ponente en esta comisión, Ramón Jáuregui, se había mostrado poco entusiasta con esta alternativa. El propio presidente del Gobierno y la vicepresidenta María Teresa Fernández de La Vega han defendido en numerosas ocasiones que sería conveniente controlar la adecuada aplicación de la regulación vigente. Pero siempre habían argumentado que convenía ser cautos y abrir un diálogo con la sociedad y el resto de formaciones antes de reformarla. Una ley de plazos establecerá la ventana de tiempo dentro de la cual una mujer podrá interrumpir su embarazo sin incurrir en ilegalidad. En la mayoría de los países en los que esta práctica se admite libremente, el plazo es de 12 semanas. En Italia es menor: 90 días. Y en Rumanía mayor: 14 semanas. Los socialistas no concretan tanto en su enmienda, en la que también abogan por un mayor control del funcionamiento que en este campo ha tenido hasta ahora la Sanidad Pública. También habrá novedades en el apartado de laicidad. El texto final recogerá una recomendación para que la futura ley de libertad religiosa incluya varias demandas de los congresistas, si bien fuentes socialista aseguraron que no habrá modificación de los acuerdos con la Santa Sede ni tampoco nuevas restricciones a la financiación de la Iglesia. La misma comisión aprobó una enmienda quedefiende el plurilingüismo constitucional en el que aboga por el desarrollo de todas las lenguas cooficiales sin imposiciones de una sobre otra.