El Gobierno aprueba el recurso contra la consulta vasca que lidera Ibarretxe

El Gobierno confía en que el Tribunal Constitucional resuelva cuanto antes el recurso que presentará contra la ley del Parlamento vasco que faculta al 'lehendakari' a convocar referendos. En todo caso, la norma que avala la consulta planteada por Juan José Ibarretxe será automáticamente suspendida cuando el Ejecutivo central formalice su impugnación, lo que ocurrirá «en el minuto uno» posterior a la publicación de la norma en el Boletín Oficial de Euskadi, según anunció ayer la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de La Vega. El Consejo de Ministros conoció en su reunión de ayer el informe emitido el jueves por el Consejo de Estado, que confirma la ilegalidad e inconstitucionalidad de la ley vasca, y ultimó todos los detalles para la presentación del recurso de inconstitucionalidad en cuanto sea posible, es decir, cuando el Boletín Oficial del País Vasco publique la norma. Fernández de La Vega expresó la «satisfacción» del gabinete porque, a su juicio, el preceptivo dictamen del máximo órgano consultivo del Estado «viene a avalar» las posiciones que ha mantenido el Gobierno al considerar que la decisión del Parlamento vasco es «inequívocamente inconstitucional». «No hay duda de que lo que regula la ley es el referéndum», señaló y recordó que articular este procedimiento, así como su autorización «le corresponde en exclusiva al Estado». A la vista de que hay «plena coincidencia» entre los informes recabados y los planteamientos del Ejecutivo central, el Consejo de Ministros «ha confirmado la inconstitucionalidad y acordado pedir al presidente del Gobierno que, una vez que la ley sea publicada, presente el correspondiente recurso invocando al artículo 161.2 de la Constitución», según comunicó la vicepresidenta en su habitual rueda de prensa semanal. El precepto al que se acogerá el recurso gubernamental atribuye al Gobierno la capacidad para impugnar ante el Tribunal Constitucional «las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas». Dicho artículo contempla también la suspensión automática de la disposición recurrida, aunque el Constitucional podrá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses en el caso de que el tribunal no hubiera fallado todavía. «Esperemos que se resuelva antes», deseó Fernández de la Vega, «porque es un tema importante». «Por tanto, no va a estar en vigor, no va a haber un referéndum inconstitucional planteado por el señor Ibarretxe, no lo va a haber», concluyó.