El PSOE ya trabaja en la eleccióndelapresidenta del Poder Judicial La polémica con el sustituto de García-Calvo

El PSOE quiere que una mujer presida el Poder Judicial y busca una magistrada que reúnas las condiciones y el consenso necesario para situarse al frente del Tribunal Supremo. La presencia femenina en la cúpula del Consejo General del Poder Judicial no excluye que también sea una mujer la que presida el Tribunal Constitucional cuando cese en su cargo María Emilia Casas. Las conversaciones entre socialistas y populares están muy adelantadas hasta el punto de que fuentes parlamentarias dan prácticamente por hecho el acuerdo para renovar el CGPJ con independencia de que sigan pendientes los nombramientos en el Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha dado instrucciones a su partido para que dos mujeres lleguen a las presidencias de ambos tribunales y, aunque no parece haber problemas en el Constitucional, donde se perfila Elisa Pérez Vera como aspirante al cargo, han surgido problemas a la hora de encontrar a la magistrada que dirija el Supremo. Las fuentes mencionadas aseguran que la primera candidata es la ex secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, pero se encontró con el veto innegociable de la carrera y el rechazo del partido de la oposición. La escasez de mujeres en el Supremo plantea dificultades puesto que sólo hay seis magistradas de entre poco más de un centenar de miembros del alto tribunal. Encarna Roca, integrante de la Sala de lo Civil, es otra preferida por los socialistas para la presidencia, pero despierta reticencias entre los magistrados porque no es jueza de carrera sino jurista de reconocido prestigio. La desconfianza es compartida por jueces conservadores y progresistas, dado que no existe precedente de que un magistrado de estas características presida el Supremo. Sin embargo, la coincidencia entre los grupos parlamentarios en la idoneidad de esta catedrática catalana de Derecho Civil, que se incorporó al tribunal en abril de 2005, la convierte en la favorita para la alta magistratura. Con todo, la presidenta del Supremo y del Consejo no será la única mujer en la cúpula judicial ya que existe un acuerdo desde la pasada legislatura entre PSOE y PP para que la ex diputada del PNV Margarita Uría sea una de las nuevas vocales del órgano de gobierno de la judicatura. Los nacionalistas La cuota de los nacionalistas catalanes no será, en cambio, femenina ya que el nombre que más suena por parte de CiU para el Consejo es el también ex diputado Manel Silva. El acuerdo sobre el reparto de vocalías en el CGPJ cuenta con el consenso de los grupos mayoritarios, que han llegado a la convicción de que el sistema de mayoría reforzada, que introdujo la reforma auspiciada por el ex ministro Juan Fernando López Aguilar, es la mejor solución. Los nombramientos de los más importantes magistrados -los de las Salas del Supremo, presidentes de tribunales superiores y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- tienen que contar con tres quintos de los votos de los vocales del Consejo en lugar de la mayoría simple que bastaba antes de la reforma. Así las cosas, los 'populares' no han hecho cuestión de que los vocales propuestos por los socialistas sumen una ajustada mayoría en los nuevos órganos constitucionales. Además, es necesario que el nuevo CGPJ sea elegido por un pleno extraordinario del Congreso que se celebrará, previsiblemente, a finales de julio. La voluntad del Gobierno y el partido opositor es que los nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces abran el nuevo año judicial el 15 de septiembre. El actual presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, confesó hace unos días que está preparado para dejar el cargo ya. «Tengo el despacho recogido desde hace tiempo», afirmó y no es de extrañar porque la renovación del órgano CGPJ está pendiente de realizarse desde hace bastante más de año y medio. También el Constitucional precisa de nuevos nombramientos, pero el compromiso de los grupos parlamentarios todavía no está preparado a pesar de que los 'populares' pretenden aprovechar el acuerdo sobre el Poder Judicial para incluir, al menos, la dotación de la vacante que dejó hace dos meses el fallecimiento de Roberto García Calvo. Pero fuentes del PP se quejan de que los socialistas se niegan a avanzar en esa dirección hasta que el Constitucional resuelva el recurso presentado por el partido opositor contra la reforma del reglamento del Senado por la que se conceden atribuciones a las autonomías para proponer a una parte de los magistrados de la corte que corresponde nombrar a la cámara alta. Fuentes socialistas señalaron que no cederán y exigirán que el sustituto de García-Calvo sea elegido con el resto.