Bermejo confía que De Juana sepa vivir en sociedad si no la ley caerá sobre él
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha confiado en que el terrorista José Ignacio de Juana Chaos «entienda lo que es la vida en sociedad» cuando el próximo 2 de agosto quede en libertad. Bermejo, en declaraciones a los periodistas, ha adelantado que si De Juana no entiende lo que es vivir en sociedad, «el peso de la ley caerá sobre él». De Juana Chaos abandonará el próximo 2 de agosto el centro penitenciario de Aranjuez (Madrid), tras cumplir 21 años de reclusión de los 3.000 a los que fue condenado por sus veinticinco asesinatos al frente del comando Madrid de ETA. De Juana tiene previsto fijar su residencia en el barrio de Amara de San Sebastián, donde viven familiares de algunas víctimas de atentados etarras. Sobre la propuesta del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, de modificar la ley para suprimir las placas de exaltación a terroristas en calles y plazas, Bermejo ha apuntado que el Gobierno está actuando ya con la contundencia necesaria. «La jurisdicción contencioso-administrativa se inventó para algo y la estamos utilizando para que esas placas desaparezcan», ha señalado. Por otra parte, el ministro de Justicia ha reiterado que hay que tener «tolerancia cero» con la corrupción en política, tras los últimos casos de delitos urbanísticos. En este sentido, ha asegurado que en el momento que un juez diga que hay indicios racionales de criminalidad, «el afectado tiene que salir de la política inmediatamente». Más juicios La Audiencia Nacional juzgará el jueves a los etarras Dolores López Resina, «Lola», y José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri», por participar en el secuestro del industrial vasco Cosme Delclaux en 1996, quien permaneció 232 días recluido, hechos por los que el fiscal pedirá para ellos 18 años de prisión. El fiscal Juan Moral solicitará además que indemnicen al padre de Delclaux con 6.010.121 euros, «importe del rescate satisfecho», y con otros 120.000 euros al secuestrado «en concepto de daños morales», que permaneció secuestrado en el mismo zulo de Irún que ocupó meses antes el empresario José María Aldaya. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal afirma que el también condenado por estos hechos Francisco Javier Ramada compró un local en el barrio de Ventas de Irún (Guipúzcoa) «para ocultar a futuras víctimas de secuestros».