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Castilla y León es la octava autonomía más beneficiada del actual sistema fiscal, con un saldo positivo superior al 4%

La balanza fiscal ratifica que la comunidad recibe más dinero del que aporta al Estado

El Gobierno descarta que los balances influyan en la financiación autonómica Las que reciben:

Publicado por
M. Pérez - redacción
León

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Castilla y León es la octava comunidad que más dinero recibe del Estado en función de lo que aporta, con un balance positivo superior al cuatro por ciento, según se desprende de cuatro de las seis balanzas fiscales presentadas ayer en Madrid por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Las otras dos, realizadas con una metodología diferente, sitúan a la comunidad entre las seis regiones más beneficiadas del actual sistema fiscal, con un porcentaje superior al siete por ciento. Ocaña, que presentó ayer las balanzas fiscales para dar cumplimiento al compromiso adoptado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura, destacó que en estos tres meses se ha desarrollado un trabajo «ingente» de análisis de datos, cuyo fruto han sido finalmente seis balanzas fiscales con datos del año 2005. En su opinión, el trabajo presentado no arroja resultados «sorprendentes», sino que «viene a confirmar que el actual sistema fiscal funciona correctamente porque permite redistribuir la renta» y ejecutar políticas de desarrollo. Así, las comunidades con un mayor PIB per cápita (Madrid, Baleares Cataluña y Valencia) son también las que arrojan saldos negativos en sus balanzas fiscales, mientras que las menos desarrolladas (Extremadura, Asturias, Galicia¿) presentan resultados positivos, siendo las que más dinero reciben de las arcas del Estado. Fuera del debate En opinión del secretario de Estado, las balanzas fiscales no se pueden trasladar en ningún caso al debate de la financiación autonómica por dos motivos: no reflejan la equidad, porque sólo constatan actuaciones de la Administración central, y tampoco reflejan la eficiencia, porque las regiones de renta alta suelen presentar saldos positivos en su balanza comercial interior, dijo. Ante la «imposibilidad» de optar por una sola metodología para presentar el trabajo, el Ministerio ha decidido hacer públicas seis balanzas fiscales realizadas por dos métodos diferentes: carga-beneficio y flujo monetario. Cuatro de ellas siguen la metodología carga-beneficio, utilizada por la mayor parte de los investigadores, en el que cobran más peso factores como bienestar y población residente. En todas ellas resulta un saldo positivo sobre el PIB superior al cuatro por ciento, con leves oscilaciones en cada caso, pero con la coincidencia de que Castilla y León siempre ocupa la octava posición. La primera de ellas, Reparto del Impuesto de Sociedades con el criterio 70/30 (accionistas/consumidores) y de los intereses de la deuda por población , sitúa la balanza con un 4,34 por ciento a favor de la comunidad. La segunda, en la que se analizan los intereses de la deuda en función de la distribución territorial del ahorro, se salda con un 4,68 por ciento. La tercera, con un Reparto del Impuesto de Sociedades con el criterio 50/50 e intereses de la deuda en función de la población , supone un beneficio del 4,11 por ciento. La última se basa en el mismo reparto del impuesto de sociedades pero con los intereses de la deuda en función de la distribución territorial del ahorro y supone un 4,44 por ciento positivo. Sobre la actividad económica La segunda metodología es el flujo monetario, que hace hincapié en la actividad y en los agentes económicos con presencia en cada territorio. En estas dos balanzas Castilla y León se coloca como la sexta comunidad más beneficiada, con porcentajes del 7,57 y del 7,68 por ciento en cada una de las variables utilizadas. La primera analiza el Reparto del Impuesto de Sociedades con el criterio 33,33 por ciento en función de la distribución territorial de la remuneración de asalariados, del valor añadido bruto y de la inversión , mientras que la segunda utiliza el Reparto del impuesto de sociedades con el criterio 50 por ciento en función de la distribución territorial de la remuneración de asalariados, del 25 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) y 25 por ciento de la inversión.

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