Cesión del 50% del IRPF e IVA y reparto sobre población y suelo

Las comunidades autónomas ya tienen en sus manos -o la recibirán en breve- una primera propuesta de mínimos del Gobierno para abordar, ya en profundidad, la reforma del sistema de financiación territorial y que, a la vista del documento presentado ayer por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, no incluirá grandes novedades respecto a lo ya conocido. Así, la intención del Ministerio de Economía y Hacienda es que tenga un coste mínimo para el Estado debido a la complicada coyuntura económica y el acusado descenso de los ingresos públicos en casi todas las áreas, tanto que es posible que el próximo año se vuelva a entrar en «números rojos» con un saldo final deficitario. De hecho, la idea que se maneja aún de puertas adentro es que la aportación estatal no diste mucho de la vigente y se mantenga un crecimiento anual cercano al 10% en la misma, lo que significaría que para 2009, año en el que se prevé entre en vigor el nuevo modelo, las administraciones regionales podrían recibir un montante superior incluso a los 145.000 millones de euros, lo que supondría superar con creces el 14% del producto interior bruto (PIB) actual e incluso un nivel mayor si se tiene en cuenta que la actividad económica en 2008 y 2009 será inferior a la de los últimos años. Pero, en cualquier caso, esos cálculos son oficiosos, pues en el Ejecutivo no quieren desvelar las grandes cifras del nuevo sistema -y mucho menos el detalle completo- hasta bien entrado el otoño, cuando se debata en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De momento, este órgano se reunirá el martes próximo para debatir el documento de Solbes, «un buen punto de partida», en opinión de su propio autor quien no obstante quiso restarle trascendencia al afirmar que son sólo «las líneas básicas» de la negociación antes de entrar en el meollo de la cuestión: qué conceptos marcarán el reparto del dinero público en los próximos años y cuáles serán las comunidades más beneficiadas, con arreglo, sobre todo, a los criterios de más población y superficie de suelo, que primarían a la hora de repartir los recursos adicionales que facilitará el Estado que, en cualquier caso, no serán muchos. El vicepresidente económico presentó una decena de parámetros bastante generales para enmarcar esa negociación, que incluyen aspectos como la suficiencia global, es decir, que serán sufragadas todas las competencias transferidas, y la garantía de financiación de los servicios públicos fundamentale. Solbes aseguró, asimismo, que «no habrá perdedores» con el nuevo modelo, pero no negó que existirán ganadores, pues habrá autonomías que obtendrán un aumento sensible en la cantidad que reciben. Más cesiones fiscales Dentro del principio de lealtad institucional que volverá a presidir las relaciones entre el Estado y las autonomías, se compensará a estas últimas por la desaparición del impuesto de patrimonio (que supondrá la «pérdida» de unos 1.800 millones de euros anuales), así como se aumentarán los porcentajes de cesión en los tributos estatales, si bien aún no se alcanzan los niveles solicitados por algunas autonomías en sus nuevos Estatutos, caso de Cataluña. De momento, el Gobierno ofrece el 50% de la recaudación en los impuestos que gravan la renta (IRPF) y el consumo (IVA), y hasta el 58% en el caso de los especiales, que afectan al tabaco, el alcohol y los carburantes (en la actualidad las autonomías disponen del 33%, el 35 y el 40%, respectivamente).