El Supremo absuelve a El Egipcio y confirma la condena de Toro

El Tribunal Supremo dictó ayer la sentencia «definitiva» sobre la matanza del 11-M, cuatro años y cuatro meses después de la tragedia. A lo largo de 959 páginas confirmó, uno por uno, los elementos esenciales con los que la Audiencia Nacional explicó en octubre pasado el atentado más salvaje de la historia de España y ratificó una condena de más de 120.000 años de cárcel, la mayor impuesta en este país, para los principales autores vivos del atentado y sus colaboradores. Para el Supremo no cabe duda alguna de que el atentado en el que murieron 191 ciudadanos y otros 1.892 resultaron heridos fue obra de un comando islamista «con dependencia ideológica de Al Qaeda», y que ETA no tuvo participación alguna en la masacre. Pese a ratificar la esencia de la primera sentencia, una aplicación del delito de pertenencia a organización terrorista y de la presunción de inocencia llevó al tribunal a absolver a 4 de los 21 condenados, al tiempo que confirmó la libertad de Rabei Osmán El Egipcio, no porque ya estuviese condenado en Italia por hecho similares, como defendió la Audiencia Nacional, sino por no encontrar pruebas suficientes para encarcelarlo por estos hechos. El Supremo sólo anula una de las siete absoluciones de la Audiencia Nacional e impone una pena de cuatro años de cárcel por tráfico de explosivos a Antonio Toro, el ex cuñado de Emilio Suárez Trashorras, el minero asturiano condenado a 34.715 años de prisión por proporcionar a los terroristas la dinamita con la que pudieron volar los cuatro trenes de cercanías. La corte considera que fue su cooperador necesario. El tribunal reafirma que un grupo «yihadista» radical ubicado en España, fiel a las directrices de Al Qaeda comenzó a preparar en 2003 los atentados de las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo. La célula liderada por Serhane ben Fakhet El tunecino, muerto en la explosión del piso de Leganés, colocó en los trenes de cercanías trece mochilas con 140 kilos de explosivos, formados en su mayor parte Goma 2 ECO robada por la red de Trashorras en su antiguo trabajo: Mina Conchita. El comando que ejecutó el atentado lo formaban entre 10 y 13 personas. El Supremo ratificó la condena a más de 42.900 años de cárcel de los dos únicos autores materiales vivos y detenidos, Othmán el Gnaoui y Jamal Zougam. El tribunal señala que les acompañaron en los trenes buena parte de los siete fallecidos en Leganés, un individuo no identificado, dos de los huidos -muertos en 2005 en Irak- y, quizás, el procesado y aún no juzgado Abdelillah Hriz. El grupo operativo, según la sentencia ratificada, estaba respaldado por una célula terrorista formada, al menos, por otros ocho de los condenados que contaba con dos colaboradores directos y la ayuda ocasional de tres traficantes de explosivos y dos falsificadores. Los 18 seguirán en la cárcel. El Supremo destaca en la sentencia el gran trabajo realizado por las fuerzas de seguridad y la justicia de España, que se ha convertido en el único país del mundo en lograr capturar, juzgar y condenar con todas las garantías de un sistema democrático a la mayor parte de los implicados vivos en un gran atentado internacional. Esto no puede decirlo ni Estados Unidos con el 11-S ni Bali o Gran Bretaña, que en 2002 y 2005 sufrieron atentados similares. La justicia española ha dado una «respuesta razonada en un tiempo razonable». La respuesta ha sido represiva y también humanitaria, al prever más de 300 millones como indemnización.