La rebelión de las autonomías obliga a Solbes a aplazar el debate hasta octubre

Las líneas maestras sobre las que el Gobierno pretende construir el nuevo sistema de financiación no gustan a nadie. La mayor parte de los consejeros autonómicos reunidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se rebelaron ayer contra la propuesta de mínimos planteada por el ministro de Economía, Pedro Solbes, y reprocharon la falta de concreción de un documento en el que no se habla de números. El Ejecutivo admitió la crítica, pero replicó que ésta es la primera vez que en una negociación de ese tipo se presenta «a las claras y por escrito» una oferta global. Y habla de «paso adelante». Solbes dejó claro que su objetivo, en esta primera reunión multilateral, no era tampoco llegar a un acuerdo, sino escuchar a todas las comunidades autónomas y lograr que éstas discutieran argumentos sobre criterios concretos. Para nada, más que para arrancar oficialmente la negociación. Porque ni era su intención hablar de cuánto dinero está dispuesto a gastar el Estado, ni cree que tocaba ayer definir qué cabe considerar servicios básicos dependientes de la solidaridad, ni tampoco cuál debe ser la capacidad normativa de las autonomías sobre impuestos. Para más adelante El vicepresidente económico dejó todo eso para más adelante. Y no precisamente para el 9 de agosto -la fecha en la que, según el Estatut, Cataluña debería tener un nuevo marco de financiación- sino para septiembre u octubre. Sólo entonces presentará un nuevo documento en el que quedará plasmado el resultado del tormentoso debate. Pero, antes, volverán las reuniones bilaterales. La primera, el próximo 28, con los catalanes. El titular de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, fue justo el más beligerante de todos los consejeros. Entre otras cosas, porque es el único que tiene que hacer frente a un plazo que, a todas luces, no se cumplirá. El dirigente del PSC calificó las bases expuestas por Solbes de «insuficientes y decepcionantes» y advirtió de que el esquema planteado por el Gobierno hace inviable el cumplimento del artículo estatutario que exige que la nivelación no altere la posición de Cataluña en renta per cápita. «Alto rechazo» En todo caso, Castells acudió a esta cita multilateral con escaso ánimo participativo, porque insiste en que la suya tiene que ser una negociación bilateral. Solbes admitió que el tono de este consejero fue de «alto rechazo», pero aseguró que el resto de las comunidades socialistas se mostraron «razonablemente abiertas» al diálogo. Y pese a admitir «dificultades» vio posible un consenso. En realidad, sólo Andalucía dio su visto bueno a los planteamientos de Solbes que son, grosso modo , los del vicepresidente autonómico José Antonio Griñán. Asturias y Galicia, otras dos comunidades gobernadas por el PSOE, se mostraron críticas con el documento. Y el extremeño Ángel Franco salió de la reunión viendo el «vaso medio vacío» y expresando su rechazo a la posible creación de un fondo de garantías para determinadas comunidades mientras se mantiene para otras el fondo de suficiencia. Algo que, a su juicio, pone en peligro la cohesión. Las comunidades del PP no critican tanto las bases del modelo como el hecho de que no se hable de dinero. Solbes insistió en que ese tema no se tocará hasta «el último día a última hora». Lo cierto es que el Ministerio de Economía pretende que la reforma tenga el mínimo coste para el Estado y más ahora que ya cuenta con acabar el año en números rojos. La situación le valió la crítica del consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, que acusó al Ejecutivo de gastar con medidas como la devolución de los 400 euros un dinero necesario para la Sanidad y la Educación. Las malas previsiones económicas han obligado, de hecho, a modificar el objetivo de equilibrio presupuestario en el conjunto de las comunidades autónomas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó por unanimidad un reparto individualizado que permitirá a las comunidades autónomas incurrir en un cierto déficit que será, como máximo, del 1%. «El documento ha delimitado el terreno de juego» PEDRO SOLBES Vicepresidente económico del Gobierno