Diario de León

CARTA ABIERTA

Las explicaciones de Javier Lasarte

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JAVIER LASARTE. EX SECRETARIO TERRITORIAL DE LA JUNTA EN LEÓN
León

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ANTE LA PUBLICACIÓN en los últimos días de informaciones relativas a mis actividades empresariales, que incluyen datos en algunos casos inexactos y en otros manifiestamente falsos, con insinuaciones y sospechas poco concretas en torno a mi actuación al frente de la Secretaría Territorial de la Junta de Castilla y León en León, me dirijo a Vd. para responder públicamente y contar la realidad de todo este asunto. Nada tengo que ocultar y nadie está más interesado que yo en que se llegue al fondo de la cuestión. Es mi honor y mi imagen lo que están en juego. Y los voy a defender hasta el final. Hasta ahora había preferido guardar silencio, a la espera de las conclusiones de los informes oficiales en marcha sobre la tramitación de los expedientes referidos a la sociedad de la que soy titular, Galeno 1955, para la construcción y gestión de plantas fotovoltaicas en diversas provincias de Castilla y León; informes para cuya elaboración ya estoy prestando la más dispuesta y activa colaboración. Sin embargo, la difusión, como digo, de ambiguas acusaciones, de imputaciones que insinúan pero no concretan, de veladas "sospechas", me han hecho cambiar de opinión y hacer pública esta carta. La filtración parcial y sesgada del curso del expediente también me ha hecho reflexionar. Se ha publicado que en este asunto hay «sospechas de privilegio, cruce de intereses, tráfico de influencias, vulneración de las normas de compatibilidad e incluso el cobro de subvenciones». Voy a tratar de despejar estas «sospechas». Participo, y así lo he reconocido desde el principio, en una sociedad limitada relacionada con la industria de energía solar. Al igual que otros eligen la hostelería o la construcción, yo decidí invertir en esta área de actividad, hace algo más de dos años, al igual que otras muchas personas. Miles de expedientes en los dos últimos años en Castilla y León, con sociedades en las que participan tanto funcionarios como médicos, periodistas, ingenieros, arquitectos, agricultores¿etc. Es su derecho. Y la obligación para todos ellos es hacerlo de acuerdo y conforme a la Ley. Este tipo de industria cuenta con una regulación sectorial y territorial muy rigurosa y precisa (adjunto un resumen de los trámites necesarios para la puesta en marcha de un planta fotovoltaica), en la que intervienen la Administración central, la autonómica y la local. Afortunadamente, los procesos de tramitación son fácilmente auditables y su seguimiento puede realizarse pormenorizadamente de principio a fin, lo que permitirá aclarar si en su desarrollo se ha producido alguna anomalía, algún «trato de favor». Los responsables de la Junta han declarado su «compromiso público de llegar hasta el fondo del asunto, erradicar cualquier posible tráfico de influencias y restaurar la plena credibilidad de la Administración». Yo también lo espero. Y que sea lo antes posible. Sospechas de tráfico de influencias, de trato de favor¿ ¿para qué? ¿Qué obligación no se ha cumplido? ¿De qué carga impositiva o financiera han dispensado a mi sociedad? ¿Qué trámite han aligerado? ¿Dónde y con qué han hecho la «vista gorda»? Los que «sospechan» no han dicho por qué lo hacen. No han concretado nada porque no hay nada sobre lo que concretar. Y la única «sospecha» concreta - tramitación de los expedientes en un plazo inferior al normal - es falsa y fácilmente demostrable (Se incluye un anexo con la duración media de la tramitación de los expedientes de Galeno 1955 en relación al resto de los expedientes). Y respecto a la otra «sospecha», la de incompatibilidad entre mi posición de Secretario Territorial de la Junta en León y mi actividad como administrador de forma totalmente gratuita de una sociedad limitada para la administración del patrimonio personal y familiar, no hay ninguna ilegalidad. Dispongo de informes jurídicos que así lo dictaminan, y así han venido reconociéndolo los órganos competentes de la Administración autonómica en casos precedentes. También sobre este asunto el informe deberá pronunciarse. Y, por último, para responder claramente, con transparencia y precisión a las «sospechas», deseo hacer público que: 1º. No he utilizado mi cargo ni mi posición como Secretario Territorial de la Junta en León para favorecer intereses personales ni en Galeno 1955 ni en ningún otro caso. No he pedido y, por tanto, no se ha producido trato de favor en la tramitación de los expedientes cursados por dicha sociedad ante las diferentes administraciones, es más, toda la tramitación administrativa la ha llevado la ingeniería contratada al efecto. 2º. No he tomado ninguna decisión relacionada con la tramitación de dichos expedientes, ni he participado en ningún órgano con capacidad ejecutiva para el otorgamiento de las licencias preceptivas para la puesta en marcha de las plantas solares. 3º. Galeno 1955 no ha recibido ni un euro de subvención de ninguna administración pública. 4º. Es falso que posea y gestione 11 plantas solares con una inversión millonaria, no he tenido nunca ninguna planta ya que por dificultades de financiación no las he podido construir. 5º. No logro entender el tratamiento mediático que se ha dado a este tema, la criminalización que se ha pretendido hacia mi persona y hacia otros compañeros, que llevan muchos años trabajando de forma ejemplar para esta administración, ni esta especie de

que se ha iniciado y que no sé dónde terminará, pues va a afectar a muchos funcionarios, cuando lo único que han hecho, ha sido invertir en energías renovables a lo que tienen derecho como cualquier ciudadano. Tienen que existir otras razones e intenciones que en este momento no logro entender, para intentar transmitir la idea de que en León y solo en León se producen estas inexistentes irregularidades. Soy médico de profesión y funcionario desde hace casi treinta años. Estos días no están resultando especialmente fáciles para mí ni para mis familiares y amigos. Por ellos, por mis compañeros, especialmente por los que han estado trabajando codo a codo conmigo durante tantos años y por todos los que me conocen, quiero dejar pública constancia de mi posición. Por el respeto que me merece la función pública y la institución por la que con tanta ilusión y esfuerzo he trabajado, dimití el pasado día 1 de agosto, a la espera de las conclusiones de los informes oficiales. Y por la defensa de mi honor y de mi credibilidad, llevaré a cabo cuantas acciones judiciales sean necesarias para que no quede ni rastro de duda en mi actuación como funcionario público.
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