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El Gobierno logra que Iniciativa per Catalunya se conforme con la comparecencia de Solbes el día 28

Zapatero no hablará de financiación a cambio de un pacto en tres meses

Los socialistas aseguran que el nuevo plan será acorde con el Estatut y el resto de autonomías

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Magis Iglesias - madrid
León

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El Gobierno ganó ayer la primera batalla parlamentaria del nuevo curso político antes de que el Congreso abra de nuevo sus puertas. Gracias a una negociación a varias bandas, José Luis Rodríguez Zapatero se libra de comparecer en el pleno de la cámara baja, como pretendía Iniciativa per Catalunya con el apoyo de toda la oposición, para debatir con los grupos parlamentarios el nuevo modelo de financiación autonómica. Un pacto alcanzado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el consejero de Gobernación de la Generalitat, Joan Saura (ICV), escamoteó al Parlamento el debate público sobre una reforma que siempre se ha negociado en el ámbito de las relaciones entre gobiernos y las bambalinas de las conversaciones de las fuerzas políticas. Iniciativa retiró la petición de comparecencia del presidente del Gobierno que iba a debatirse hoy en la Diputación Permanente de la cámara baja a cambio de un nuevo compromiso gubernamental para llegar a un acuerdo sobre financiación antes de diciembre. Además, el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, dará explicaciones sobre las negociaciones y su estrategia ante la comisión de Economía del Congreso el próximo 28 de agosto. «Pacto definitivo» La propuesta final sobre el nuevo modelo de financiación autonómica tendrá que estar cerrada «antes de tres meses», según afirmó Saura al explicar el acuerdo alcanzado con Fernández de la Vega. Este «pacto definitivo» habrá de ser «acorde con el Estatut de Catalunya y el resto de estatutos», tal y como establece el comunicado oficial que hizo público Iniciativa. El protagonismo de Saura en la presentación de este pacto, que no supone más que una ratificación de los planes previstos para que el nuevo modelo de financiación entre en vigor en 2009, es el precio que han tenido que pagar los socialistas para resolver el enredo en el que había colocado la negociación la iniciativa del diputado de ICV, Joan Herrera.