Tarde, mal y casi nunca

Pocas normativas han sido publicadas en peor momento que el RITE: en plena crisis de la construcción, con las administraciones autonómicas sin fondos para subvencionar reformas o casi nada y disputándose a cara de perro los escasos recursos del Estado frente al Estatut catalán y una crisis generalizada que lo que menos anima es a invertir en reformas caseras para dudosos ahorros en calefacción con el gasóleo desbocado en los precios del hoy para mañana. Todavía es pronto para anticipar el éxito de la nueva norma de «eficiencia energética», como pomposamente figura en el BOCYL, pero, según las empresas del sector y el propio Ente Regional de la Energía (Eren) en los primeros meses de su entrada en vigor apenas se han recibido solicitudes de subvención para mejoras en edificios antiguos. Unicamente se ha notado un cierto interés de propietarios de viviendas unifamiliares por conocer el alcance de las ayudas a las que teóricamente tendrían posibilidades de acceder, pero casi ninguna consulta de comunidades de vecinos, ya sea de edificios pequeños, medianos o grandes, que prefieren seguir como están. De forma paradójica, según profesionales de la arquitectura, deberían ser precisamente los segundos quienes estuvieran más interesasos en el tema, pero la complejidad de poner de acuerdo al vecindario frena cualquier tipo de iniciativa. No menos paradójico es el interés de los propietarios de viviendas unifamiliares, ahora abundantes con los pequeños chalés adosados. Según algunos arquitectos resulta «una barbaridad, del orden de 35 euros por metro cuadrado de vivienda, aunque para instalaciones comunitarias, de grandes bloques vecinales saldría más barato y la única forma de hacerlos minimamente rentables para el agua caliente y poco más». Otros dos temas pendientes son los fondos de que pueda disponer la Junta para atender futuras peticiones de ayudas y los plazos que pueda cumplir. De lo primero no hay nada concreto y los segundos se eternizan en trámites burocráticos de, como mínimo, un año. Para los pocos profesionales del sector la nueva normativa es una incógnita de momento, aunque no descartan que pueda ser un gran negocio en el futuro, no tanto por las ayudas oficiales como por la inercia de las modas ecologistas: «en cuanto alguien se ponga en marcha la demanda crecerá por añadidura».