Solbes se atrinchera en los principios ya rechazados por las autonomías en julio

La esperada presentación por el vicepresidente económico de la segunda propuesta de bases para pactar un modelo de financiación autonómica decepcionó este jueves a todos los partidos. Lejos de aportar novedades, Pedro Solbes se atrincheró en los principios ya esbozados en su propuesta inicial, que no incluye números y que los grupos rechazaron en julio pasado. Las fuerzas nacionalistas catalanas, que reclaman negociar su propio sistema por separado, amenazaron al Gobierno con bloquear la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 si no hay acuerdo. El debate celebrado en la comisión de Economía del Congreso sirvió sólo para constatar la fractura que separa a los gobiernos central y autonómicos en materia de financiación. Solbes reiteró la misma propuesta que ya planteó el mes pasado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -órgano económico donde se reúnen las autonomías y el Gobierno central-, sin ninguna cesión para atraerse a los nacionalistas catalanes, los más beligerantes en la negociación. Por ello, todos salieron de la comisión con la sensación de que la sesión no había servido para nada. El responsable de Economía y Hacienda presentó una propuesta basada en 12 principios básicos, cuyo meollo es la oferta de elevar al 50% la participación de las comunidades autónomas en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, que gravan productos como el tabaco, el alcohol y los hidrocarburos. Según la propuesta de Solbes, el reparto de fondos adicionales a aportar por el Ejecutivo a los territorios se decidirá en función de las disponibilidades presupuestarias del Gobierno en las negociaciones, y ajustándose a «las necesidades y a la evolución de la población». Evolución que Solbes ligó sólo al incremento del número de habitantes, sin entrar a valorar otras variables como su envejecimiento o dispersión de la población. El vicepresidente económico dudó de que la llegada masiva de inmigrantes a un territorio, hecho al que se aferran los nacionalistas catalanes para reclamar más fondos para pagar los servicios básicos, suponga automáticamente más gasto. En ocasiones, señaló, estos nuevos pobladores pueden suponer más ingresos, ya que también pagan sus impuestos a través del Irpf y el IVA. En todo caso, Solbes subrayó que el nuevo sistema garantizará que los recursos tributarios cedidos por el Estado para la prestación de servicios básicos -educación, sanidad y servicios sociales- sean iguales para todos los españoles, sin perjuicio de su lugar de residencia. «Ninguna comunidad saldrá perjudicada», repitió. El responsable de Economía y Hacienda reiteró la máxima ya expresada por José Luis Rodríguez Zapatero de que su propuesta es respetuosa con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Una visión no compartida por los nacionalistas catalanes, que desde el pasado 9 de agosto denuncian que el Ejecutivo central incumple el 'Estatut', al haber violado el plazo de dos años para pactar la financiación de Cataluña en el marco de una comisión mixta Estado-Generalitat, una bilateralidad a la que no están dispuestos a renunciar en esta negociación. El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, aseguró en el debate que el Gobierno «se salta a la torera lo que establece el Estatut» y que «incumple sistemáticamente la ley» al no cerrar el acuerdo de financiación. El diputado nacionalista avisó al Ejecutivo central de que «está jugando con las cosas de comer» y de que su formación será «inflexible en la negociación».