El Ejecutivo planea la creación de un registro específico de violadores

Fuera de la reforma del Código Penal, el Gobierno también estudia, tal y como reclamó el Congreso de los Diputados, la creación de un registro específico de violadores y pederastras para evitar que se repitan los episodios de descoordinación judicial que propiciaron que Santiago del Valle, el asesino de la niña onubense Mari Luz Cortes, estuviera en libertad a pesar de que ya tenía una sentencia firme por abusar de su propia hija. En este archivo se recogerán las sentencias (firmes y no firmes) medidas cautelares y requisitorias de estos delincuentes. La reforma penal en el campo de las víctimas del terrorismo será menos extensa y aún no está perfilada completamente, según han reconocido fuentes de Interior y Justicia. El Gobierno quiere evitar a toda costa la «doble victimización» de los familiares y víctimas directas del terror, pero sabe que, en los casos en los que ya hay sentencia, es casi imposible impedir que el terrorista viva cerca de sus víctimas si no se decretó el alejamiento por fallo judicial. Penados por terrorismo No obstante, el Ejecutivo quiere que el nuevo Código Penal recoja como obligatoria la condena al extrañamiento de los verdugos en los casos de penados por terrorismo, una posibilidad que hasta ahora quedaba al arbitrio de los tribunales. Esta modificación no provocará grandes cambios en la práctica, pues desde hace un par de años la Audiencia Nacional siempre condena al alejamiento de las victimas a los miembros de ETA y otras bandas armadas. Sí tendrá repercusiones más inmediatas la decisión del Gobierno de penar la denominación de calles y plazas con nombres de terroristas, aunque no se pueda determinar con exactitud a quién corresponde la autoría del ilícito. Pérez Rubalcaba ya prometió la pasada semana que en «poco tiempo» no quedará un espacio público en España con el nombre de un etarra. El Ejecutivo, como el PP, considera que estas placas de calles y plazas son un agravio a la dignidad de las víctimas y suponen una vejación a los damnificados del terrorismo. El Ejecutivo no considera imprescindible abordar de inmediato el endurecimiento de las penas de cárcel para las mafias que trafican con inmigrantes.