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| Crónica | Cinco razones |

Los casos que se esconden detrás de la reforma penal

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colpisa | madrid

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Mari Luz: La pequeña onubense fue asesinada el 13 de enero por el pederasta Santiago del Valle García. El asesino llevaba seis años esquivando su entrada en prisión después de haber sido condenado por abusar en 1998 de su propia hija. El juez sevillano Rafael Tirado Márquez tardó cuatro años en considerar probadas las violaciones y condenó en 2002 a Del Valle a dos años y nueve meses de prisión, que nunca llegó a cumplir porque cuando se le intentó localizar ya no vivía en la capital hispalense. El juzgado se limitó a clasificarle en paradero desconocido. El pederasta se había desplazado con su mujer a vivir a Gijón, donde abusó de otra menor y fue condenado, sin que este juzgado supiese jamás que estaba en busca y captura por los delitos cometidos contra su hija. El pederasta de Astillero: Marcelino Fernández Arnaiz llevaba 28 años de continuas entradas y salidas de la cárcel por delitos de abusos sexuales a una docena de menores. El pasado 20 de agosto cumplió su última condena de cinco años y salió de la prisión de Palencia. Tres días más tarde, volvió a cometer otra agresión sexual en Santander, esta vez a una niña de seis años. De Juana Chaos: El ex jefe del sangriento comando Madrid de ETA fue detenido en 1987 y condenado a más de 3.000 años de cárcel por 25 asesinatos. El cristalero de Azkoitia: El etarra Kandido Azpiazu fue condenado por el asesinato en 1980 del militante de la UCD Ramón Baglietto. Homenajes en el callejero: En varios pueblos vascos y navarros, como Hernani, Echarri-Aranaz, Cizúrquil y Lizarza, entre otros, hay calles, plazas y monumentos dedicados a la memoria de etarras muertos o encarcelados. Los diferentes jueces de la Audiencia Nacional, competentes en el delito de menosprecio a las víctimas, han venido actuando de forma muy dispar.