El Gobierno equipara los delitos de pederastia a los de terrorismo

El Gobierno quiere que la protección de las víctimas sea el eje sobre el que pivote la inminente reforma del Código Penal. Estas modificaciones, dirigidas sobre todo contra pederastas y terroristas, serán la primera piedra del futuro estatuto de la víctima que acarreará otros cambios posteriores en las legislaciones civiles o procesales. Los ministros de Justicia e Interior, Mariano Fernández-Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunirán hoy para tratar de cerrar las líneas maestras de la reforma del Código Penal. El Ejecutivo confía en que ese borrador entre en el Congreso de los Diputados antes de final de año y que su tramitación sea muy veloz, habida cuenta del acuerdo sobre esta materia alcanzado con el Partido Popular en la reunión del pasado 23 de julio entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Fernández-Bermejo y Pérez Rubalcaba tienen prisa. El Partido Popular, que ha hecho bandera del caso Mari Luz en los últimos meses, lanzó la pasada semana un ultimátum al Gobierno: o el Ejecutivo presenta ya su proyecto para evitar que los violadores de menores puedan salir a la calle sin estar rehabilitados, o el Grupo Popular registrará en la cámara un texto propio a pesar del pacto de los dos grandes partidos para ir de la mano contra los abusos sexuales de las personas más débiles. Los dirigentes del PP han recordado de manera insistente en los últimos días al Gobierno la proposición no de ley, impulsada por los 'populares' y matizada por socialistas y CiU, aprobada por el Parlamento el pasado 3 de junio. En ella se instaba al Ejecutivo a presentar en el plazo más breve posible un proyecto de reforma penal. Justicia e Interior, según sus portavoces, quieren ceñirse en ese asunto a la reclamación del Parlamento: reforma del Título VIII del Código Penal (delitos contra la libertad e indemnidad sexuales) para «elevar las penas» de los violadores cuando sus agresiones sean contra víctimas «especialmente vulnerables por razón de su edad, enfermedad o situación». El Gobierno también se hará eco de la petición de la cámara para que se obligue al «cumplimiento efectivo (que no íntegro) de las penas» en los casos de abusos a niños o personas desprotegidas. Responsables del Ministerio de Justicia han dejado claro esta semana que este endurecimiento no supone «en ningún caso» que el Gobierno «renuncie a las medidas de reinserción». El primer objetivo sigue siendo la rehabilitado del delincuente, aunque sea un pederasta, y si ésta no se consigue antes de que abandone la cárcel, la reforma del Código Penal introducirá lo que el propio Fernández-Bermejo ha dado en llamar «soluciones post-delincuenciales de control». El mandato del Parlamento fue el de «poner en marcha medidas eficaces para el control de los delincuentes patológicos que sean puestos en libertad a pesar de tener un pronóstico elevado de reincidencia».