La Junta de Castilla y León no descarta recurrir al Tribunal Supremo Sanz busca el pronunciamiento de los tribunales nacionales y del Gobierno
La Junta de Castilla y León persistirá en su oposición al régimen de fiscalidad que pretende instaurar el País Vasco mediante un «sistema de cupo» que prevé la reducción de determinados impuestos, pero aclara que la decisión del Tribunal de Justicia de la UE, «no da la razón» a esta comunidad autónoma. La sentencia de la corte europea, conocida ayer y que responde a una consulta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, «no da la razón a las diputaciones forales porque no las reconoce una autonomía económica, sino que viene a decir que el asunto tratado es una cuestión interna de España». Así lo aseguró ayer el portavoz del Gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, durante una rueda de prensa celebrada al término de la reunión semanal de consejeros que ha presidido Juan Vicente Herrera en Valladolid. «Vamos a ver qué dice porque lo que haga se podría recurrir ante el Tribunal Supremo, donde hay sentencias que apoyan nuestras tesis contrarias a las vacaciones fiscales vascas», señaló De Santiago Juárez. El presidente del Ejecutivo riojano, Pedro Sanz, afirmó ayer que buscará en los tribunales nacionales un pronunciamiento «definitivo» sobre las «vacaciones fiscales» vascas y que llamará a la puerta del Gobierno de España, que cree que es «parcial» en esta materia. Sanz se refirió en una rueda informativa a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que indica que, para determinar si el País Vasco puede aplicar normas fiscales diferentes a las del resto de España, es necesario verificar que el sistema de Cupo no se utiliza para compensar la posible caída de los ingresos. Sanz insistió en que su Gobierno, en su «hoja de ruta», buscará obtener un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo (TS) sobre las ventajas fiscales vascas y, en particular, sobre los tipos impositivos vascos, «manteniendo que son contrarias al derecho comunitario y nacional y que perjudican gravemente los intereses de La Rioja».