El Supremo avisa que un partido se puede ilegalizar aunque no esté vinculado a ETA

Un partido político puede ser ilegalizado aunque no esté controlado por una formación proscrita como Batasuna. Tampoco se requiere «un concierto formalizado expresamente entre ambos partidos». Ni siquiera es necesario contar con pruebas de que es un «instrumento» de una organización terrorista. Según el Tribunal Supremo, para decretar la muerte civil de una formación política basta con comprobar que realiza «acciones de apoyo, de fomento, propiciadoras de la violencia o de la vulneración de libertades y derechos fundamentales», actos que supongan una contribución al terrorismo. El exordio enmarca el razonamiento empleado por la sala especial del Supremo que aplica la Ley de Partidos según mandato del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para ordenar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, sentencia conocida ayer. El argumento vale también para Acción Nacionalista Vasca, proscrito merced a un argumentario difundido este lunes. El artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos, concluye el Supremo, penaliza con la expulsión de la vida pública el «apoyo» o el «complemento político» a la acción terrorista sin obligar a los poderes públicos a demostrar que organizaciones como ETA o Batasuna dirigen o instrumentalizan a partidos como ANV o el Pctv. Y las sentencias dictadas contra ellos incluyen miles de folios con actos concretos con los que estos dos grupos demostraron que trabajan para que ETA consiga sus fines. 1397124194 Necesidad social Tales acciones de apoyo, por sí mismas, son generadoras «de la necesidad social imperiosa de disolución del partido para el mantenimiento del sistema democrático de la sociedad». La frase es del magistrado Enrique Bacigalupo, responsable de la redacción del fallo, que contó con el apoyo unánime del resto miembros, y que hurga en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para blindar la resolución frente a posteriores recursos en instancias internacionales. «Cualquiera que sea el programa político concreto del partido, la acción de apoyo desplegada como asociación política a favor de un partido ilegalizado por su vinculación con una organización terrorista favorece prácticas incompatibles con una sociedad democrática basada en la libertad.