El Gobierno propone pagar 135.000 euros por cada muerto en defensa de la democracia de 1968 a 1977

El Gobierno pidió ayer al Consejo de Estado que se pronuncie sobre cuatro reales decretos que desarrollan la ley de la Memoria Histórica, entre ellos el que fija una indemnización de 135.000 euros para los familiares de los que fallecieron luchando por la democracia en la Transición. También establece indemnizaciones para aquellos que sufrieron algún tipo de lesión en ese periodo que les dejó incapacitados y que se determinará en función del grado de incapacidad. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que estos cuatro decretos permitirán «la plena aplicación de la ley», una ley «nacida con voluntad de dar y ampliar derechos a ciudadanos que no se sentían amparados» por los poderes públicos y con voluntad de «cerrar y cicatrizar heridas» y «recuperar la memoria» de aquellos que murieron por defender sus ideas «con honor y dignidad». Devolución de documentos Otro de los textos sobre los que el Ejecutivo solicita el dictamen urgente del Consejo de Estado desarrolla el procedimiento para la devolución de documentos incautados a particulares durante la Guerra Civil y la dictadura custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española. Un tercero regula el procedimiento para la obtención de la declaración de reconocimiento personal de los que fueron perseguidos por razones políticas, ideológicas o religiosas. El último de los proyectos recoge cómo pueden solicitar la nacionalidad española los voluntarios de las Brigadas Internacionales, una vez que la Ley suprimió el requisito de renuncia a su nacionalidad previa.