«La pensión media femenina es un 60% de la masculina»

Begoña San José es la secretaria del Forum de Política Feminista, una de las asciaciones, junto a las leonesas Flora Tristán y Adavas, que han demandado al Ministerio de Economía en la Audiencia Nacional por no incluir informe de impacto de género en los presupuestos del 2008. -¿Cuál es la fundamentación del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional? -Que el Estado no ha cumplido su propia ley. Tanto la ley 3/2003 sobre informe de impacto de género en todas las leyes que presente el Gobierno, como la ley de Igualdad del 2007 dicen que todas, todas, las leyes tienen que llevar el informe de impacto de género y la ley de presupuestos no lo ha cumplido nunca. Los primeros años protestamos por carta, por entrevistas con las diputadas y ahora decidimos hacerlo por la vía judicial. La primera ley la aprobaron por unanimidad y la Ley de Igualdad, no, pero obliga igual y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue quien la presentó, tiene que cumplirla. -El proyecto de ley de presupuestos del 2009 tampoco incluye el informe de impacto de género, ¿Volverán a demandar a Solbes? -Nos habían dicho que era difícil incluirlo en estos presupuestos, pero aún teníamos la esperanza. Es una ley que tienen que cumplir y es el cuarto año que se incumple. El Ministerio de Economía se cree que tiene patente de corso y que la igualdad no tiene coste, pero sí lo tiene. Hay decisiones económicas aparentemente neutras, como la aplicación de una subida inferior a las pensiones no contributivas que en la práctica dejan a muchas mujeres por debajo del umbral de pobreza. Igual que las empresas tienen que aplicar la ley de Igualdad, que dé ejemplo el Gobierno en lo que le toca. -¿En otras leyes se realiza el informe de impacto de género? -El congreso de mujeres abogadas hizo un estudio hace dos años y concluyó que el 80 por ciento de las leyes sí han hecho formalmente impacto de género, pero algunas lo han hecho muy mal como la de Educación, que decía que la educación no tiene impacto de género. El Consejo de Estado, que no es precisamente feminista, les tiró de las orejas. ¿Cómo no va a tener impacto de género la educación si por el sistema educativo pasa el cien por cien de la población? Es muy importante que la educación cuantitativa y cualitativamente apueste por la igualdad. Como ejemplos de leyes que lo hacen bien tenemos la ley del tabaco. Dice que el tabaquismo ha sido un hábito masculino durante muchos años y ahora, quizá por reacción-imitación, las mujeres tienen más índice de tabaquismo; que incide de distinta manera en la biología de la mujer y el hombre... -¿Cómo debe aplicarse el enfoque de género en los presupuestos del Estado? -Las cuatro asociaciones que hemos presentado el contencioso administrativo hemos analizado seis partidas: el presupuesto del del Ministerio de Igualdad -con 43 millones de euros no puede hacer realmente una política que incida en la sociedad- y el fondo de violencia de género. El resto son gestionadas por otras administraciones públicas: pensiones, educación infantil de 0 a 3 años y servicios sociales, particularmente la Ley de la Dependencia. En las pensiones, que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social, hay una discriminación de género tremenda: la pensión media de las mujeres ahora es el 60% de la pensión media de los hombres. Muchas mujeres están viviendo con pensiones inferiores a los 500 euros al mes. Por eso hay tanta feminización de la pobreza entre las personas mayores. -¿Hay que trasladar esta exigencia a las comunidades? -Efectivamente. La educación como la sanidad y los servicios sociales son financiados mayoritariamente por el Estado, pero los gestionan las comunidades autónomas y en algunos casos los ayuntamientos. Por tanto, tienen una traducción autonómica. El fondo de violencia es uno de los más claros: cuando lo recibe la comunidad autónoma lo tiene que gastar en todo el territorio, no solamente en un punto. Las mujeres que viven en el medio rural no tienen menos derechos. -Pero si el Estado pone el mínimo de población en 150.000 habitantes, ya está excluyendo incluso a ciudades como León. -Nosotras hemos denunciado ese límite. Al principio, además, estaba restringido a inversiones. Ahora ya se puede dedicar a mantenimiento y es lógico porque la atención a la violencia es menos problema de ladrillos que de personal atendiendo a las víctimas y los ayuntamientos están menos escasos de ladrillos que de personas. -¿Alguna comunidad autónoma realiza informes de impacto de género de sus presupuestos? -Sólo Andalucía. -A tenor de estos incumplimientos, de las diferencias que hay entre mujeres y hombres en pensiones, salarios, etc. ¿Se corresponde el impacto mediático de la igualdad con la realidad? -Si el Ministerio de Igualdad, creado en abril de este año, cuando ya estaba aprobado el presupuesto del 2008, en el presupuesto del 2009 vuelve a tener lo mismo, 43 millones de euros, no tendrá incidencia en el empleo de las mujeres, en la violencia de género, en la igualdad, el sistema educativo, las pensiones. ¿Cómo va a tener incidencia si su infraestructura es la misma que la de un ayuntamiento de tres mil habitantes, no de 45 millones de españoles? -¿Qué medidas propone el Forum de Política Feminista para corregir la feminización de la pobreza que se da en sistemas públicos como el de pensiones? -Hay dos tipos de pensiones que son muy sensibles al género y en las que no sería difícil hacer una política de acción positiva hacia las pensionistas: las no contributivas (80 por ciento mujeres) y las de viudedad (90 por ciento). Habría que hacer una actuación específica para subirlas, porque son pensiones muy bajas y atienden a mujeres que, por su edad, no han tenido igualdad de oportunidades. Hay que hacer una compensación porque durante el Franquismo no había igualdad de oportunidades -llegó a estar prohibido que las mujeres casadas trabajaran- y ahora no se las puede condenar a la pobreza. -¿Por qué defienden los servicios frente a los cuidados familiares en la Ley de la Dependencia? -La Ley de la Dependencia tiene un gran impacto de género: dos de cada tres solicitantes de protección por dependencia son mujeres y el 95 por ciento de las cuidadoras. Una «paguita» de 300 a 500 euros por cuidar a las personas dependientes durante ocho años de media no compensa la salud, la vida social, la vida afectiva... que las mujeres cuidadoras pierden. No queremos que la ley de dependencia se oriente hacia la cuidadora, sino hacia servicios profesionales públicos: residencias, centros de día, ayuda a domicilio. -¿El sector profesional de cuidados, poco valorado social y económicamente, también se feminiza? -Eso es cierto. El 80 por ciento de las personas que trabajan en esos servicios son mujeres y los horarios son tremendos, pero el proceso de equiparación inducido por la Ley de Dependencia con los mínimos de retribución ha obligado a homologar los salarios en el sector. Las subidas salariales en los convenios colectivos de ayuda a domicilio y residencias geriátricas han subido más que el IPC. Cuando se entra en el Estatuto de los Trabajadores y en el Régimen General de la Seguridad Social se rompe el suelo de discriminación más fuerte que tienen las hijas-esposas de las personas dependientes y las empleadas de hogar, que son el segundo recurso de atención a las personas mayores y también tienen muy malas condiciones laborales. En los servicios profesionales tienen una limitación de jornada, vacaciones, derecho a ponerse enfermas... cosa que no tiene un familiar.