Toxicología asegura que identificar a los paseados por el ADN llevaría años

La directora del Instituto Nacional de Toxicología (INT) en Madrid, Teresa Tena, cree que «llevaría años» identificar con pruebas de ADN a los 114.226 desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo cuyo paradero pretende averiguar el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Tena y la jefa del servicio de Biología de este organismo, Gloria Vallejo, explican que «sería muy difícil» abordar todas esas identificaciones porque supondría un gasto «incalculable» en «inversión de tiempo y de personal». En cuanto al gasto económico, las pruebas genéticas a todos esos desaparecidos tendrían un coste total superior a los 137 millones de euros, teniendo en cuenta, señalan, que una normativa de 1999 fija en unos 1.200 euros el precio público de un análisis de ADN en una muestra de esa antigüedad. Por todo ello, la directora del Instituto Nacional de Toxicología, que cuenta con laboratorios en Madrid, Barcelona, Sevilla y Tenerife, cree que las pruebas de ADN deben ser «la última opción», «el último eslabón de la cadena» tras recurrir a estudios históricos y antropológicos para una identificación previa, lo que se traduciría en «el menor número posible de análisis». Respecto al ofrecimiento del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de poner a disposición de Garzón los servicios del INT para las identificaciones, Tena matiza que abordar esa tarea «supondría una carga que estaríamos dispuestos a asumir, pero no de manera inmediata». «Sería un trabajo que se alargaría años», pronostica, al destacar que se trataría de «un trabajo extraordinario», «suplementario» al diario, y al que no podrían dedicar el tiempo completo que se dedica a las identificaciones urgentes como fueron las del 11-M o las del accidente aéreo de Barajas. No obstante, cree que, tras pasar el filtro de los arqueólogos -que son los que abren la fosa de forma organizada- y el de los antropólogos, «no nos llegarán todos los restos exhumados para identificación genética porque muchos de ellos podrán ser identificados por una serie de datos antropológicos». «El trabajo entonces sería menor. Y eso esperamos», agrega. Tras hacer hincapié en la disposición de sus compañeros a «colaborar con todo», Tena destaca también lo «imprescindible» que resulta en este asunto establecer unos protocolos de trabajo, «como dice la Ley de Memoria Histórica», para unificar los métodos y que las exhumaciones se hagan de igual forma «en Castilla y León que en Andalucía». «Antes de empezar -insiste- sería importante ese protocolo».