El juez Tirado pide al Poder Judicial que anule su sanción

El Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla no tuvo manera alguna de acceder a los datos que hicieran pensar en la «urgencia o importancia» del ingreso en la cárcel del pederasta Santiago del Valle por su «especial peligrosidad». El titular de ese juzgado, Rafael Tirado, considera que, visto ese dato, el exceso de trabajo y la escasez de medios de su juzgado explican los 26 meses transcurridos sin que lograse encarcelarlo para cumplir la condena impuesta, lapso durante el que el reo asesinó a la niña Mari Luz Cortés. Ese es el argumento principal del recurso que el juez Tirado presentó ayer contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado 10 de diciembre le impuso una multa de 1.500 euros por aquel retraso, que valoró como una falta grave. El juez admite que tardó 26 meses en ejecutar la condena impuesta a Del Valle por la que la Audiencia Provincial de Sevilla en diciembre de 2005: dos años y nueve meses de prisión por agresiones sexuales a su propia hija. Pero alega que «no hay falta ni retraso en el control del caso», y atribuye la demora a las carencias informáticas de la administración de Justicia. Recuerda que «no existe ningún registro informático que pueda interconectar, no sólo los Juzgados de la misma localidad (Juzgados de Instrucción ocho y 11 de Sevilla, donde se seguían dos causas contra el presunto asesino), sino tampoco con otras provincias (Juzgado de Instrucción de Gijón, donde se hallaba en trámite una causa penal respecto del condenado en esta causa)». Por este motivo, añade, en el expediente disciplinario abierto contra él «late la confusión entre responsabilidad disciplinaria del juez y la responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de la Justicia o de otros poderes públicos, pretendiéndose enjuiciar al magistrado con los criterios que nuestro ordenamiento reserva para la segunda», en referencia al compromiso judicial del Estado. «Leve retraso» El juez Tirado recuerda que, en el marco del expediente disciplinario que le fue abierto, la Inspección del CGPJ apenas detectó un «leve retraso» en su oficina judicial en lo que concierne a las sentencias ejecutorias, que los niveles de pendencia (estado de un juicio que está pendiente de resolución) pueden considerarse «normalizados». Y añade que la carga de trabajo de su oficina es «muy elevada y de difícil asunción», al igual que ocurre en el resto de Juzgados de lo Penal de la provincia de Sevilla. Por todo ello, el magistrado reclama que se archive su expediente, ya que considera que no ha cometido infracción disciplinaria alguna. Dice que la situación del juzgado «no evidencia retrasos ni dilaciones relevantes en la tramitación de las causas» y concluye que la demora en el caso Mari Luz no se refiere a «una pluralidad de causas, ni es frecuente ni repetida». El Pleno del CGPJ tiene ahora la última palabra sobre la sanción impuesta al juez Tirado, que también fue recurrrida por la Fiscalía, que pide su suspensión de empleo y sueldo por tres años por considerar que su comportamiento en relación al retraso en el encarcelamiento de Del Valle constituye una falta muy grave de desatención o retraso injustificado en la tramitación o resolución de causas.