Una comisión decidirá qué símbolos de Franco tienen valor artístico o histórico

El Gobierno rehabilitará en los próximos meses el buen nombre y la memoria de todos los españoles perseguidos o represaliados durante la guerra civil y la dictadura franquista, cuyo número se calcula en medio millón de personas. La puesta en marcha del procedimiento, por el que el Estado reconocerá de manera individual y explícita la injusticia sufrida por estas personas, es una de las ocho medidas aprobadas ayer -cinco acuerdos y tres reales decretos- por el Consejo de Ministros para llevar de inmediato a la práctica lo dispuesto en la ley de Memoria Histórica, aprobada hace casi un año. El Gobierno dictó instrucciones a los ministerios, en especial a los de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, para que retiren todos los símbolos franquistas que existan en sus cuarteles, comisarías, edificios e instalaciones. La única excepción serán los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones de «exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la represión de la dictadura» que se acredite que tienen un valor histórico o artístico objetivo, o que son un elemento esencial de la estructura del edificio. Las excepciones las fijará una comisión técnica de expertos. Además, Justicia pondrá en marcha en breve un procedimiento «simple» por el que los propios represaliados, sus familias o las instituciones en las que ocuparon cargos que lo soliciten obtendrán un título o declaración oficial de «reparación y reconocimiento personal» emitido por el Estado. La solicitud incluso podrá hacerse en Internet. El documento reconocerá, aunque sea con 70 años de retraso o tras su fallecimiento, su derecho a la reparación moral, a la recuperación de la memoria personal y familiar, y declarará el carácter «radicalmente injusto» de todas las condenas, sanciones y cualesquiera otras formas de persecución o violencia por motivos políticos, ideológicos, culturales, sexuales o religiosos ejercidas por los militares sublevados o la dictadura. Entre los beneficiarios de esta reparación moral habrá miembros o colaboradores de partidos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas o logias masónicas, grupos de resistencia, o condenados por opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual. Los acuerdos del Consejo de Ministros prevén otros tres tipos de reparaciones morales o materiales para estos represaliados y sus familias. Un segundo real decreto establece el procedimiento para que quienes fueron asesinados o incapacitados durante el tardofranquismo por defender y reivindicar las libertades y la democracia obtengan indemnizaciones de entre 35.000 y 135.000 euros. Se trata de víctimas del período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, fallecidos, incapacitados o grandes inválidos que han quedado fuera de anteriores reparaciones y que no han recibido indemnización o compensación económica con cargo a los sistemas de protección social por estos hechos. La tercera y cuarta medida es la puesta en marcha de procedimientos ágiles y sencillos para conceder la nacionalidad a los miembros de las brigadas internacionales que vinieron a defender a la República y a los hijos y nietos de los españoles que tuvieron que exiliarse para evitar la represión. Los brigadistas, de los que se esperan más de 70 solicitudes recibirán la nacionalidad sin renunciar a la propia.