La Fiscalía revela la importancia del acoso judicial del entorno de ETA

El fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido, calificó ayer de «salto cualitativo» en la lucha contra el terrorismo la persecución judicial contra la infraestructura de apoyo y cobertura de ETA. El máximo representante del Ministerio Público destacó en concreto el «hito histórico» que supuso el juicio del caso Ekin, tras el que fueron condenados 47 dirigentes de la denominada izquierda aberzale el pasado diciembre por dar apoyo a la organización terrorista. Conde-Pumpido compareció ayer en la Comisión de Justicia del Congreso, donde hizo un repaso a la labor del Ministerio Público en el último año. Y ante los diputados presumió de la labor fiscal contra el terrorismo y, sobre todo, contra el entorno de ETA, aunque no olvidó matizar que la condena de la cúpula de Ekin está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo y reconoció las «complicaciones» que presentan este tipo de fallos debido al débil sustento probatorio de las condenas. El fiscal general volvió a defender la actuación del Ministerio Público en la ilegalización del Partido Comunista de la Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y, sin mencionar de manera expresa la dura polémica que protagonizó durante la tregua de ETA la pasada legislatura, si insistió en que la ley «seguirá siendo nuestro patrón y nuestra frontera» para erradicar la actuación pública de los que apoyan o sustentan la vía terrorista para imponer su pensamiento. Defensa ante las críticas Conde-Pumpido se defendió de los que acusan a la Fiscalía de «oportunista y arbitraria» en la lucha contra el entorno político de ETA -tanto el Partido Popular como la diputada de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, se mostraron muy críticos con él- al señalar que las pruebas que permitieron suprimir algunas candidaturas «contaminadas» de ANV llegaron a partir de las elecciones municipales de mayo de 2007 y a lo largo del segundo semestre de ese mismo año. Asimismo, aseguró que combatir el terrorismo seguirá siendo la «primera prioridad» de la Fiscalía y se mostró convencido de que el trabajo del Ministerio Público será «más útil» para acercar el final de esta lacra. Para ello, reclamó «unidad política» y pidió minimizar los «errores» que pueda cometer la Fiscalía para que no se convierta en un «arma arrojadiza» al servicio de cualquier interés. El fiscal general recordó al PP que la Fiscalía «no hace ni impulsa la política criminal» o antiterrorista, «que tiene su origen en la acción del Gobierno y en la aplicación de las leyes que ustedes aprueban en las Cortes». Por tanto, insistió, «la política criminal de la Fiscalía es la política criminal del Estado». La primera comparecencia del fiscal general en la Comisión de Justicia de la legislatura se centró en resumir la memoria anual del Ministerio Público durante el pasado año y en las medidas para combatir el terrorismo. Este último punto fue el más controvertido y el que más revuelo causó entre los portavoces políticos, sobre todo entre el PP y el PSOE, que recordaron los desencuentros de la pasada legislatura. Tanto el PNV como CIU valoraron de forma positiva la actuación de la Fiscalía. Terrorismo islamista Otro de los «hitos históricos» de los que presumió Conde-Pumpido fue el juicio a los autores del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, con el que la Justicia dio una «respuesta razonada en un tiempo razonable» a tan grave ataque. No obstante, recordó, «no hay que bajar la guardia». La Fiscalía ya advirtió en su memoria anual del incremento de los grupos extremistas islámicos en España y propuso una estrategia que consiste en reforzar la cooperación policial, judicial y de inteligencia con los países del Magreb y Francia y en aplicar con rigor las leyes penales.