Condenada la ex jefa de finanzas del PSOE por el AVE tras 14 años

Catorce años. Este el tiempo que tardado la justicia en dirimir las responsabilidades penales por un delito de falsedad documental cometido en la adjudicación de las obras del AVE Madrid-Sevilla. El Tribunal Supremo cerró hoy la travesía procesal con la condena a la antigua coordinadora de finanzas del PSOE, Aída Álvarez, y a su esposo, Miguel Molledo, a seis meses de cárcel y una multa de 1.200 euros. Así lo acordó la Sala Penal del alto tribunal en una sentencia en la que estima los recursos interpuestos por el PP y el fiscal contra la resolución dictada en junio de 2006 por la Audiencia de Madrid, que había absuelto a ambos condenados. En cambio, los magistrados decidieron dejar en libertad sin cargos a otros condenados por falsedad documental, entre ellos los antiguos dirigentes de la empresa Siemens en España, Francisco Francés y Mario Huete, al considerar que había prescrito el delito. El Supremo mantiene el resto de criterios de la Audiencia, en los que habían resultado absueltos el ex ministro socialista Julián García Valverde, el director de Compras y Mantenimiento de Renfe, Leopoldo Iglesias, el ex administrador de Filesa, Luis Oliveró, y el ex responsable de Siemens España Juan José Chinchilla. Asimismo, la sentencia rechaza los motivos presentados por la defensa del PP -que fue parte acusatoria en el procedimiento- en lo que se refiere a que los hechos probados podrían haber formado parte de una presunta financiación irregular del PSOE a través de las comisiones pagadas en la adjudicación de dichas obras ferroviarias. «Es fruto de las sospechas o elucubraciones del propio recurrente (PP) y no están cimentadas en pruebas o indicio alguno», señala el Supremo. El caso AVE comenzó a instruirse en 1994 y fue desgajado por el alto tribunal del caso Filesa para investigar vías de supuesta financiación ilegal del PSOE. Por este caso también fueron condenados por falsedad documental tanto Aída Álvarez como Miguel Molledo a dos años y cuatro meses de prisión. La Fiscalía Anticorrupción situó los hechos ahora resueltos en el plan ferroviario aprobado por el Gobierno de Felipe González en 1987, en el que un grupo de dirigentes socialistas «urdieron un plan para recabar comisiones ilícitas de contratistas, fabricantes y técnicos de los proyectos del AVE a cambio de concederles adjudicaciones de los contratos por Renfe».