Los nacionalistas rechazan mejorar la ley de Víctimas del Terrorismo

Ni los nacionalistas vascos ni los gallegos ni los catalanes secundaron la proposición de ley de reforma de la ley de Víctimas del Terrorismo de 1999. El texto ingresó ayer en el registro del Congreso con las firmas de los portavoces del PSOE, PP, IU-IC y Grupo Mixto. La iniciativa, fruto de larguísimas conversaciones entre socialistas y populares pese a la sencillez del documento, establece que desde la entrada en vigor de la norma los ayuntamientos tendrán seis meses para eliminar las calles, plazas y placas en homenaje a miembros de ETA. La idea empezó a tomar cuerpo antes del verano, pero sólo un mes antes de que concluya el año cobró carta de naturaleza parlamentaria. Socialistas, populares, IU-IC, Coalición Canaria, y Unión, Progreso y Democracia registraron ayer en el Congreso la proposición que modificará el artículo uno de la ley aprobada hace nueve años para que «en defensa de la dignidad de las víctimas» se prohíba que en lugares públicos haya «monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas». Una disposición que, cuando se apruebe en el Congreso y el Senado el próximo año, cubrirá el agujero judicial al respecto, ya que no hay consenso entre los magistrados sobre qué hacer ante estos elemento de enaltecimiento del terrorismo. Unos ordenan su retirada de las calles y otros se inhiben. La Sala de lo Penal de la Audiencia tampoco tiene elaborada doctrina al respecto. Las calles con nombre de miembros de ETA o con placas conmemorativas no son un fenómeno generalizado en Euskadi y Navarra; es minoritario y muchos casos datan de la época de la transición y primeros años de la democracia. En total, no hay más de una quincena, pero su existencia es motivo de escarnio para las víctimas del terrorismo, y su sentir ha sido acogido por los dos partidos mayoritarios. Otra cosa será, argumentaron las fuentes nacionalistas, la reforma del Código Penal que aprobará este viernes el Consejo de Ministros para que sea enviada al Congreso. Las medidas buscan garantizar en un periodo entre uno y 20 años la vigilancia de los terroristas una vez que cumplan sus penas y salgan en libertad. La iniciativa tiene la aprobación asegurada en ambas cámaras porque están consensuadas entre el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, si bien los dos partidos mayoritarios han anunciado su intención de incorporar a los nacionalistas al consenso. El paquete tendrá un impacto efectivo relativo porque su aplicación solo afectará a los miembros de ETA capturados después de la modificación del Código Penal, algo que no se producirá, como pronto, hasta el segundo semestre de 2009 o comienzos de 2010.