Diario de León

El juez Velasco está dispuesto a interrogar al ex preso en Belfast y se prepara para una larga batalla legal

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m.s.p. | madrid
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La Audiencia Nacional ya se prepara para largo calvario judicial internacional con el caso De Juana, que podría demorarse meses y que tiene un futuro incierto. El juez Eloy Velasco, que instruye la causa contra el ex preso de ETA por un delito de enaltecimiento, ya se ha puesto en el peor de los casos: que las autoridades británicas, después de todo este periplo, nieguen la extradición. En ese supuesto, el magistrado indicó ayer estar dispuesto a viajar a Belfast para interrogar a Iñaki de Juana Chaos o que se le tome declaración a través de una comisión rogatoria internacional. Todo para mantener vivos el sumario y la orden de búsqueda y captura internacional que dictó el pasado martes y que no piensa retirar, a pesar de que los británicos no entreguen al prófugo. El instructor, los jueces de la Audiencia Nacional y la propia Fiscalía, según coinciden todas las fuentes judiciales consultadas, son conscientes de que se ha iniciado un proceso en el que el éxito no está garantizado y en el que existen dos grandes escollos para conseguir la entrega, «difícilmente salvables» según fuentes judiciales. El primero es el del «mínimo punitivo». Es decir, que el delito sea suficientemente grave para mover todo el engranaje internacional .Y es en este punto donde la Audiencia Nacional sabe que flaquea, ya que el enaltecimiento del terrorismo sólo está penado con dos años de terrorismo y los acuerdos europeos de extradición por temas terroristas sólo recogen la entrega inmediata para ilícitos castigados con más de tres. El segundo gran obstáculo, reconocen responsables de la Audiencia Nacional, es la «debilidad» de las pruebas contra De Juana, algo que el propio huido sabe a la perfección. Si, como todo parece indicar, el ex preso etarra se niega a ser extraditado ante el tribunal de primera instancia, será una segunda corte la competente para decidir sobre la extradición en un plazo de 60 días. No obstante, la Audiencia Nacional cree se superarán esos dos meses, porque, como en otras ocasiones, la justicia británica suele pedir mucha información adicional.

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