También ingresaron en la cárcel un empresario, un funcionario y el concejal de Urbanismo
El juez decreta prisión para el alcalde de Librilla, acusado de corrupción
El edil está implicado presuntamente en una trama por la que pudo obtener siete millones de euros
El juez Andrés Carrillo ha dictado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Librilla (Murcia), José Martínez García (PP); su edil de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz; el gerente de la empresa municipal del suelo, José Andrés Cortés, y el funcionario autonómico en excedencia José Luis Cano. El titular del juzgado de instrucción número 6 de Murcia dictó libertad con cargos y sin fianza, con obligación de presentarse ante el juez cada 15 días, para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla. Todos ellos fueron puestos ayer a disposición judicial después de ser detenidos el martes y el jueves por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Murcia y Librilla por su supuesta implicación en una presunta trama de corrupción urbanística en la que se investigan delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, por los que pudieron obtener unos beneficios de unos siete millones de euros. Las esposas de Cano y Cortés, también detenidas el pasado martes, y el profesor de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia, Cesáreo Gil de Pareja, asesor jurídico del ayuntamiento de Librilla hasta 2006 y contratado por Acadi para redactar el PGOM hasta junio de ese año, arrestado el jueves, no llegaron a pasar a disposición judicial, al ser puestos en libertad por la Guardia Civil. El ayer liberado Peñalver llevaba la empresa Acadi junto a José Luis Cano, jefe del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de Murcia hasta que pidió una excedencia en junio de 2007. Al abandonar los calabozos junto a su abogado Evaristo Llanos, Peñalver dijo haberse «quitado de encima un chantaje que ya duraba muchos años» y alegrarse «de ser parte y haber colaborado con la investigación de los guardias civiles», momento en el que su letrado le recordó que el sumario es secreto.