Se reorganizará el sistema para conseguir liberar a los jueces de los trámites burocráticos
El nuevo reparto de los trabajos en los juzgados se activará antes de un año
Justicia y el CGPJ apuestan por dar más competencias a los secretarios en la labor del día a día
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar
madrid
La administración de Justicia sufrirá un lavado de cara con la implantación de la nueva oficina judicial a lo largo del próximo año. Este es el plazo que se han dado el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para sacar adelante una reforma que reordenará el reparto de trabajo de los juzgados. Los principales beneficiados serán los jueces, que verán como una de sus eternas reivindicaciones, la excesiva carga de trabajo, se reducirá en favor de los secretarios judiciales, sobre todo en lo referente a las labores burocráticas.
La idea inspiradora de la reforma es dar más peso a los secretarios, de modo que salvo los supuestos en que una toma de decisión procesal pudiera afectar a la función estrictamente jurisdiccional, se ha optado por atribuirles las competencias de los trámites. Pero antes de nada, tanto el ministerio como el consejo se comprometieron a realizar un estudio exhaustivo sobre la carga de trabajo de cada órgano judicial para determinar si requieren o no refuerzos de personal.
Los casi 4.000 secretarios judiciales tendrán ahora la autoridad, por ejemplo, de comprobar si las demandas o escritos iniciadores de los procedimientos cumplen los requisitos formales exigidos antes de que el juez se pronuncie sobre su admisión. Además, trabajarán de forma más especializada y en unidades de apoyo a jueces y magistrados junto a otros funcionarios de la administración, véase oficiales, auxiliares o agentes de la administración de Justicia.
El despliegue de la nueva oficina judicial, para lo que será necesario reformar un total de quince leyes procesales, traerá consigo mejoras tecnológicas que facilitarán la información sobre un expediente concreto, la agenda de señalamientos de un partido judicial, la interconexión informática entre las fiscalías y su acceso al estado de los procedimientos.
Otra novedad radica en que los procuradores podrán comunicar la ejecución de una sentencia cuando la parte a la que representa lo considere oportuno, descargando así el trabajo de los servicios de comunicación de la administración de Justicia.